En Río Cauto, el municipio más golpeado por las inundaciones del huracán Melissa en Granma, el desastre no terminó con el agua hasta la cintura ni con las casas en ruinas. El verdadero golpe llegó después, cuando el régimen anunció que hasta el agua potable tendría precio para las familias damnificadas. En vez de ayuda, les llegó la factura.
El gobierno local informó que el agua se vendería a 40 pesos por núcleo familiar y que se distribuiría por la libreta, dejando claro que no es un donativo ni un gesto humanitario. Es, según ellos, parte de la “reserva estatal para desastres”. Una frase que suena a burla cuando la gente está pasando hambre y durmiendo entre humedad y escombros.
El comunicado oficial lo dijo sin pena alguna: “El agua natural distribuida a los damnificados se venderá a 40 pesos por núcleo familiar, con carácter simbólico”. Pero simbólico o no, cobrar agua en medio de una crisis humanitaria es una muestra más de la desconexión absoluta entre el poder y la realidad.
Y la insensibilidad no se detuvo ahí. Las autoridades comenzaron también a vender colchones “subvencionados”, dejando claro que “el Estado subsidia, pero no regala”. Como si la gente estuviera pidiendo lujos y no un lugar seco donde acostar a sus hijos después de perderlo todo.
El funcionario José Manuel Rodríguez Valdivia detalló que existen colchones donados que se entregan gratis, pero también otros con precio base de 911 pesos que el Estado dice haber comprado. Para esos últimos, solo subsidian el 50% a quienes, según sus criterios, “tienen solvencia económica”, y cubren el 100% únicamente para casos de asistencia social. Incluso presumieron que ofrecen facilidades de pago por tarjeta, como si alguien que está viviendo entre lodo y humedad pudiera pensar en pasar una tarjeta.
En la práctica, son familias que quedaron sin casa, sin muebles, sin ropa, sin comida. Gente que lo perdió todo. Gente que vive del salario estatal que no alcanza ni para sobrevivir en tiempos normales, mucho menos ahora. Pero aún así, el régimen les pasa la cuenta por el agua, por el colchón y por cualquier recurso básico que debería ser un derecho en situaciones como esta.
Mientras el oriente del país continúa hundido en una crisis humanitaria, el gobierno vuelve a aplicar su vieja fórmula: “el Estado ayuda, pero cobrando”. Aunque no sea más que miseria disfrazada de subsidio.
En Cuba, después del ciclón, llega la factura. El agua, los colchones e incluso la solidaridad tienen precio. Y para colmo, todo se controla por la libreta, como si un pedazo de papel pudiera resolver la tragedia que están viviendo esas familias.
