El régimen cubano anda “debatiendo” en el Partido Comunista y sus organizaciones satélites un nuevo paquete de medidas que, según ellos, servirá para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”. Pero todo el mundo sabe que, cuando el gobierno cubano anuncia un reajuste, lo que viene es otro golpe al bolsillo del cubano de a pie.
Mientras el país se hunde en una crisis brutal, la cúpula del poder vuelve a justificar sus experimentos económicos con la misma muela de siempre. Esta vez quieren desmontar subsidios esenciales, subir tarifas de servicios básicos, aplicar nuevos impuestos y dejar a la población aún más expuesta a la inflación que ellos mismos provocaron. Todo bajo el disfraz de una supuesta reestructuración que no busca prosperidad, sino más control político y más dependencia del Estado.
La eliminación gradual de los subsidios convertirá la canasta familiar en un recuerdo del pasado, mientras solo un pequeño grupo “vulnerable” recibirá la ayuda que el propio gobierno define. Paralelamente, se avecina un aumento de la electricidad, el agua, el transporte y los combustibles, precios que ahora pretenden “ajustar” al valor del dólar, como si el salario del cubano estuviera ajustado a algo que no fuera la miseria.
Por si fuera poco, se analiza un IVA general que encarecería prácticamente todo lo que se mueve en el país. Y como el desorden monetario no les basta, planean seguir empujando hacia la dolarización, agrandando aún más la brecha entre los que pueden acceder a divisas y los que sobreviven inventando cada día. Lo más irónico es que el dólar seguirá controlado por el Estado, sin unificación real del tipo de cambio, porque mantener el caos cambiario les conviene.
A esto se suma la obsesión por la bancarización forzada, un mecanismo que no moderniza nada, pero sí permite vigilar cada transacción y cada centavo. Comercios obligados a operar digitalmente, cuentas bajo supervisión directa, y menos espacio para que la gente resuelva por su cuenta.
Las tiendas en dólares seguirán con precios inflados, el Banco Central retirará efectivo de circulación para intentar frenar una inflación desbocada que ellos mismos generaron, y los gastos sociales y de vivienda sufrirán recortes mientras el paisaje urbano se cae a pedazos. La respuesta del régimen a esta realidad no es inversión ni apoyo, sino más peajes, más cobros y menos responsabilidad.
Y como broche final, en vez de abrir el camino a una gestión transparente y profesional, prefieren militarizar aún más la vida civil, reforzando el control político en empresas e instituciones, como si el ejército pudiera resolver la economía a golpe de órdenes.
Todas estas “consultas” se extenderán hasta el 30 de diciembre, pero todos sabemos que nada se está consultando. El resultado ya está decidido, y el objetivo es el mismo de siempre: blindar el poder a costa del pueblo.
Mientras el gobierno dice que quiere corregir distorsiones, la realidad es que el único plan claro es exprimir todavía más a una población agotada. Lo que viene no es reimpulso económico, es otro paquetazo disfrazado de debate, otra vuelta a la tuerca que aprieta la crisis sin ofrecer salida.
