En las últimas horas ha estallado un nuevo escándalo que mezcla dinero, donaciones y vínculos políticos entre Canarias y La Habana. Fuentes canarias aseguran tener documentación que compromete al ex viceministro de Cultura Fernando Rojas Gutiérrez y a un grupo de colaboradores en un supuesto entramado para desviar fondos y apropiarse de bienes destinados a la Asociación Canaria en Cuba. Son denuncias graves, y lo que preocupa no es solo el monto —se hablan de cifras como 90.000 euros para restauraciones y otros varios miles para gastos de funcionamiento— sino la sensación de impunidad que rodea al caso.
Los reportes apuntan a un patrón siempre familiar: adjudicaciones y subvenciones manipuladas, facturas cuestionadas y uso privado de vehículos institucionales. Veces se menciona a Dayami Blanco Jorrín y su esposo Osmany como actores clave en la supuesta operación, y se asegura que Rojas habría actuado como una especie de presidente autoproclamado de la Asociación Canaria, figura sin respaldo jurídico. Incluso circulan afirmaciones sobre facturas “corta y pega” y empresas fantasma en Panamá que habrían servido para intentar justificar pagos por materiales de construcción.
Los denunciantes no se quedan en lo local: señalan una supuesta complicidad más amplia. Hablan de una agente vinculada a la red Avispa que, según las fuentes, habría facilitado canales para que fluyera dinero desde Europa hacia estructuras controladas por intereses cubanos. Es una acusación que introduce un componente de seguridad e influencia internacional en la trama.
En el terreno, los testimonios describen la sede de la Asociación Canaria en Cabaiguán abandonada y parcialmente inconclusa tras una “reparación capital” que nunca terminó. Dicen que en el lugar opera una mipyme no autorizada, con alquileres y negocios que, de confirmarse, violarían la legislación cubana sobre asociaciones. Y hay más: se reclama por vehículos desaparecidos —una guagua y dos carros— que, según las denuncias, fueron usados para fines ajenos a la asociación.
El caso salpica también a la cúspide. Se apunta que Rojas habría contado con el beneplácito del ministro Alpidio Alonso Grau y que llegó a reunirse con altos cargos canarios durante visitas oficiales. Todo ello ocurre en un contexto de cruce de acusaciones y de investigaciones en España sobre adjudicaciones públicas que, en los últimos años, han estado bajo la lupa.
La reacción oficial no tardó: en Cuba aparecieron cartas y comunicados de apoyo firmados por escritores y funcionarios de la UNEAC en Villa Clara, publicados en sitios oficiales como La Jiribilla, desmintiendo las imputaciones y defendiendo la integridad de los implicados. Entre los firmantes hay nombres ligados al aparato cultural que se declararon sorprendidos por lo difundido y llamaron a no adelantar veredictos sin proceso. Ese gesto de respaldo político, lejos de apagar el fuego, alimenta el debate: para muchos, la defensa pública de colegas mezcla lealtades institucionales con la versión de que, sin un juicio claro, todo señalado es inocente.
En medio del ruido mediático también circularon noticias conexas: detenidos con grandes sumas de dinero en aeropuertos, viajes sospechosos y vínculos familiares que encajan en un rompecabezas donde lo público y lo privado se confunden con demasiada frecuencia. Todo esto refuerza la percepción popular de que en determinados circuitos el dinero se mueve como quiere y las explicaciones no aparecen con rapidez.
Queda claro que, si las acusaciones se confirman, no estaríamos ante un incidente aislado sino ante un mecanismo de captura de recursos públicos y donaciones que daña tanto la credibilidad de las instituciones culturales como la ayuda dirigida a reconstrucción y patrimonio. Si no se actúa con transparencia —auditorías públicas, procesos claros y responsabilidades—, el daño será doble: el del presunto saqueo y el del desprestigio de los proyectos culturales que necesitan apoyo.
Mientras tanto, la política responde con cartas de apoyo y desmentidos, y la ciudadanía exige algo elemental: investigación independiente, pruebas a la vista y sanciones cuando procedan. En un país donde la opacidad ya es parte del paisaje, este caso pone sobre la mesa la urgencia de cortar la mezcla tóxica entre poder, comercio y cultura. Porque si lo que llega desde el exterior —subvenciones, donaciones, cooperación— termina en manos privadas o en canales opacos, quienes pierden son siempre los mismos: comunidades, patrimonios y ciudadanos que esperaban que la ayuda tuviera un destino público y transparente.
