Más de 80 figuras del engranaje cultural del régimen —presidentes de organizaciones, directivos del MINCULT y artistas con galardones oficiales— salieron en tropa a firmar una declaración pública para apagar las denuncias de presunta corrupción dentro del propio Ministerio de Cultura. El documento apareció, cómo no, en La Jiribilla, ese viejo altavoz del oficialismo que solo publica lo que conviene a los de arriba.
El texto no perdió tiempo en repartir etiquetas. Según ellos, quienes denuncian irregularidades en el MINCULT son “enemigos de la Revolución” y participan en una “campaña de descrédito”. Para rematar, describen las alertas ciudadanas como una “diabólica y grosera jugada”. Casi nada. El dramatismo del manual.
Los firmantes insisten en que “al pueblo cubano nunca se le podrá dividir con mensajes de odio”. Una frase que sueltan como quien intenta apagar un incendio sin mencionar el humo. Bajo ese discurso, dicen sentirse obligados a “fijar posición” ante lo que llaman un intento de destruir la Revolución desde lo simbólico. No explican nada, pero repiten la consigna como si fuera un mantra.
El documento intenta colocar todas las críticas dentro de un supuesto cerco mediático contra el sistema cubano. Afirman que “una vez más los enemigos se empeñan en detractar a la Revolución”, y lo hacen —dicen ellos— “con vileza y falta de escrúpulos”, a base de “mentiras” e “insultos”. Pero curiosamente no ofrecen un solo dato que desmonte las denuncias. Solo repiten la idea de que en Cuba, según ellos, existen “instituciones sólidas y limpias donde es imposible” que ocurra una trama de corrupción. Una afirmación que, en el país que vivimos, suena más a chiste que a defensa.
La carta la encabezan Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la UNEAC, y Miguel Barnet, presidente de honor y emblema del oficialismo cultural. Los autores visibles del texto son los escritores Luis Manuel Pérez Boitel y Ricardo Riverón Rojas. A ellos se suman nombres pesados del aparato: Waldo Leyva, Lesbia Vent Dumois, Nancy Morejón, Yuris Nórido, Abel Prieto, Magda Resik y directivos de la UNEAC por media isla. Más de 80 voces institucionales alineadas milimétricamente con el discurso del Gobierno.
Lo más revelador es lo que no dicen. La declaración no menciona cuáles son las denuncias que supuestamente enfrentan. No detalla un solo hecho. No aporta evidencia. Se limita a negar y demonizar, como si la palabra “Revolución” fuera suficiente argumento para barrer cualquier señalamiento bajo la alfombra.
El texto aparece justo después de que el medio independiente La Tijera destapara un posible entramado de corrupción, abandono e ilegalidades en las Asociaciones Canarias en Cuba, con el exviceministro de Cultura Fernando Rojas en el centro de la tormenta. Aunque la carta oficial evita nombrarlo, la sincronía es demasiado evidente para pasarla por alto.
El resultado es el mismo reflejo de siempre: cerrar filas, negar sin investigar y responsabilizar a quien denuncia, justo cuando el MINCULT atraviesa uno de los períodos de mayor desconfianza ciudadana en décadas. Un guion viejo que ya nadie se cree, pero que la maquinaria cultural insiste en recitar como si fuera palabra sagrada.
