Los vecinos de varios Consejos Populares de Guantánamo comenzaron a recibir colchones tras el paso del huracán Melissa, pero con una polémica que ha encendido el malestar popular: el régimen está vendiendo parte de la ayuda humanitaria que llega a la provincia, en lugar de entregarla de manera gratuita a quienes lo perdieron todo.
El periódico oficial Venceremos informó que comunidades como Sempré, Carrera Larga, Bayate, Limonar, Sabaneta y El Salvador recibieron colchones provenientes de donaciones. Según Daysi Sarmiento Cala, directora de Comercio Exterior del gobierno provincial, Guantánamo ha recibido solo cuatro aportes internacionales, una cantidad muy inferior a los eventos anteriores como Matthew o Óscar.
Esos colchones donados fueron repartidos en los diez municipios siguiendo los mecanismos de Defensa Civil y administraciones locales. Pero la historia cambia cuando se trata de los 1,580 colchones de las reservas del Estado, porque el gobierno decidió venderlos a damnificados por 3,730 pesos cada uno, justificando la medida con la ya gastada frase de “la difícil situación económica del país”.
Para quienes no puedan pagar, se aplicarán rebajas del 50 %, 80 % o 100 %, pero solo después de evaluaciones de trabajadores sociales y del visto bueno de los Consejos de Administración. Es decir, ni siquiera quienes están en situación extrema tienen garantizado recibir una ayuda que, en cualquier país normal, se entregaría sin tantas trabas ni politiquería.
La provincia también recibió ayuda internacional desde Colombia, compuesta por 1,600 kits de alimentos y la misma cantidad de productos de aseo destinados al municipio de El Salvador. Otros aportes llegaron desde la fábrica Bucanero, con maltas para organismos involucrados en la recuperación, y desde la empresa mexicana Richmeat, que destinó 25 toneladas de salchichas y aceite para áreas gravemente afectadas como Caimanera, Baracoa y Niceto Pérez.
Sarmiento explicó que toda donación debe pasar por el gobierno provincial, que decide cómo y dónde se entrega, aunque la voluntad del donante “se respeta” según el discurso oficial. Sin embargo, la experiencia cubana demuestra que ese control férreo muchas veces termina convirtiendo la solidaridad en un arma política.
Mientras tanto, en Santiago de Cuba comenzó también la entrega de colchones y otros artículos para damnificados del litoral y Cayo Granma. Allí, parte de los productos se cobrará a 1,430 pesos. Las autoridades, como siempre, insisten en que nadie quedará desprotegido, pero los ciudadanos no están comprando ese cuento.
En redes sociales las quejas han sido durísimas. La pregunta más repetida es tan clara como incómoda: “Si son donados, ¿por qué los venden?”. Otra usuaria fue aún más directa: “¿Por qué donan desde otros países y el gobierno después le cobra a la gente afectada?”.
Muchas familias aseguran que la distribución ha sido arbitraria, lenta y selectiva. Hay madres que denuncian haber perdido techo y colchones y no haber recibido ni una explicación, mientras otras personas aseguran que los comités y controles barriales están filtrando la ayuda de forma caprichosa.
El sentimiento general es uno solo: indignación. Y así lo resume una usuaria que espetó: “Vender a los damnificados es abusivo. Si perdieron todo, lo justo es que las donaciones se repartan sin condiciones.”
Ante el creciente descontento, Miguel Díaz-Canel exhortó a los santiagueros a ejercer “control popular” para vigilar la entrega de la ayuda, una frase que suena más a intento de contener la molestia que a un gesto real de transparencia. Porque si algo ha quedado claro con cada desastre natural en Cuba es que el régimen sigue usando las donaciones como capital político, moviéndolas a su antojo mientras las familias afectadas siguen esperando respuestas que nunca llegan.
