El éxodo cubano sigue dejando cifras que hablan por sí solas. El gobierno de Estados Unidos deportó este jueves a 139 migrantes cubanos, en un nuevo vuelo fletado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) hacia La Habana. Con este, ya van once vuelos solo en 2025 y el segundo realizado en el mes de noviembre.
El Ministerio del Interior cubano confirmó que el grupo estaba integrado por 109 hombres y 30 mujeres, todos recibidos en el Aeropuerto Internacional José Martí bajo el acostumbrado operativo estatal. Una vez en tierra, las autoridades detuvieron a una persona que salió de la isla estando en libertad condicional, dejando claro que el aparato de represión no descansa ni un segundo.
Con este vuelo, el MININT contabiliza 52 operaciones de devolución en 2025, que suman un total de 1.535 cubanos retornados desde distintos países de la región. La mayoría de ellos —1.370— fueron deportados desde Estados Unidos, como parte de los acuerdos migratorios entre ambos gobiernos, acuerdos que han servido más para mantener la presión sobre los migrantes que para aliviar la crisis que los obliga a escapar.
Mientras el régimen repite su discurso sobre “migración segura, ordenada y regular”, el pueblo vive otra realidad: la gente huye porque no ve futuro en un país empobrecido, controlado y sin oportunidades, y cuando lo intenta, termina arriesgando la vida en selvas, mares y rutas clandestinas.
A inicios de mes se registró un récord histórico en deportaciones, cuando la administración del presidente Donald Trump devolvió a 232 cubanos en un solo vuelo, el mayor operativo desde que ICE reanudara estas expulsiones en 2023. Todo esto ocurre cuando se cumplen diez meses del regreso de Trump a la Casa Blanca, tiempo suficiente para recuperar una política migratoria mucho más dura que la de su predecesor. En menos de un año, ya ha enviado de vuelta más cubanos que la administración de Biden en casi dos años.
El endurecimiento migratorio se siente en todos los niveles. La estrategia de deportaciones no está haciendo distinciones entre inmigrantes sin delitos y personas con procesos legales en curso, y aquellos con antecedentes penales o con órdenes finales de deportación.
Los números del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asustan: 42.084 cubanos tienen órdenes definitivas de expulsión. El problema se agrava porque el régimen de La Habana se niega a recibir a quienes cumplieron condenas en Estados Unidos antes de los acuerdos migratorios de 2017. Esa postura ha complicado su retorno y ha obligado a Washington a enviarlos a terceros países.
Varios cubanos con antecedentes han terminado deportados a naciones donde no tienen ningún vínculo personal, como Sudán del Sur o Esuatini, en África. Familias y abogados denuncian que algunos permanecen encarcelados allí, sin cargos ni acceso a asistencia legal, atrapados en un limbo migratorio que revela una verdad incómoda: el drama cubano no termina cuando se cruza la frontera; para muchos, apenas comienza.
