A varios días de concluido el juicio por espionaje contra el exministro de Economía Alejandro Gil, el silencio del régimen retumba más fuerte que nunca. Mientras en Cuba los medios oficiales mantienen la boca cerrada, desde el exterior comienzan a aparecer testimonios que pintan una historia mucho más humana, cruda y reveladora.
Su hermana, María Victoria Gil, expresentadora de la televisión cubana y hoy viviendo lejos del control del gobierno, volvió a romper el muro informativo. En una entrevista con el periodista Mario J. Pentón, contó un detalle que golpea directamente al corazón de esta tragedia. Reveló que Alejandro Gil pudo convertirse en ciudadano español y no quiso, pese a tener derecho junto a ella por los cuatro abuelos gallegos de ambos.
Ella logró regularizar su situación en España e intentó convencerlo. La respuesta de Gil fue contundente y casi profética. Le dijo que era feliz en Cuba, que no necesitaba ser español y que estaba dispuesto a darlo todo por su país. Hoy esa decisión pesa como plomo sobre toda la familia, especialmente sobre sus hijos, quienes ya no pueden acogerse a la Ley de Memoria Democrática y quedan atrapados en la Isla mientras su padre enfrenta cargos que podrían llevarlo a una condena de por vida. “Les va a tocar quedarse en Cuba”, lamentó su hermana.
María Victoria reveló además que fuentes “muy fidedignas” le confirmaron que el régimen acusa a Gil de espiar para la CIA. Una acusación que ella considera absurda y que, según asegura, el exministro ha refutado punto por punto desde el inicio del proceso. Incluso afirmó que su defensa fue “brillante”, aunque eso parezca irrelevante frente a un sistema donde los juicios muchas veces nacen con el fallo escrito.
La reconstrucción de los hechos que hizo su hermana es demoledora. Tras varias citaciones y entrega de documentos, Gil y su esposa fueron llevados a una casa operativa del Ministerio del Interior. Allí permanecieron cuatro meses mientras la familia intentaba creer que todo era un montaje pasajero. Pero después llegó el golpe más duro: lo trasladaron a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde solo puede recibir visitas de 15 minutos cada 15 días. Un castigo que va más allá de lo legal y se instala en la zona oscura del poder cubano.
María Victoria coloca al primer ministro Manuel Marrero como el ejecutor principal del proceso. Afirma que “ha estado delante y detrás de todo esto”. E incluso lanza otra bomba: asegura que Díaz-Canel no sabía nada de la investigación, lo cual, si es cierto, deja al gobernante como un presidente decorativo, ajeno a las decisiones más graves que se toman dentro de su propio círculo.
La hermana está convencida de que el destino de Alejandro Gil ya está escrito. “De la cadena perpetua no se va a librar”, asegura, describiendo un juicio donde los resultados no dependen de pruebas, sino de conveniencias políticas.
Entre el silencio absoluto del gobierno y las voces familiares que hablan desde fuera, la historia de Alejandro Gil revela la brutalidad con la que el régimen trata incluso a sus propios cuadros. Un ministro que pudo salvarse, que pudo irse, que tuvo la oportunidad de empezar de nuevo fuera de Cuba. Pero eligió quedarse, defender “la Revolución” y confiar en el sistema. Hoy paga ese gesto con su libertad, mientras su familia mira impotente desde el exilio y desde la Isla, viviendo otra tragedia más nacida de un poder que no perdona, ni olvida, ni permite a nadie contar públicamente su versión de los hechos.
