El presidente Miguel Díaz-Canel recibió en La Habana a la relatora especial de la ONU sobre sanciones, Alena Douhan, en una reunión que el régimen convirtió en puro espectáculo político. Con cámaras, discursos y el guion acostumbrado, el gobernante volvió a culpar al embargo estadounidense y a la lista de países patrocinadores del terrorismo de todos los males que sufre Cuba, como si dentro de la Isla no existiera una crisis fabricada durante décadas por su propia maquinaria política.
Mientras el Palacio de la Revolución desplegaba el recibimiento de alfombra roja, millones de cubanos seguían lidiando con apagones, falta de comida, hospitales sin recursos, represión diaria y una vida que se vuelve más precaria por minutos. Esa realidad no salió en la transmisión oficial, ni ocupó el centro del discurso de la enviada de la ONU, que repitió buena parte del libreto del régimen sin entrar en el fondo del drama humano que padecen los ciudadanos de a pie.
El encuentro fue presentado en la televisión estatal como un triunfo político para el gobierno. Díaz-Canel calificó la visita como “muy importante” y la utilizó para intentar validar su narrativa ante la comunidad internacional. Sostuvo que la vida de todos los cubanos estaría marcada por el “bloqueo genocida”, recrudecido durante la era Trump y reforzado —según él— con su regreso a la Casa Blanca. La estrategia fue clara: mostrarse como víctima global, como si en Cuba no existiera una larga lista de decisiones internas que han devastado la economía y la vida social.
El gobernante aseguró que el país está “dispuesto a cooperar” con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, ignorando convenientemente que Cuba mantiene desde hace décadas un férreo cerco contra el escrutinio internacional, reprime la disidencia y niega libertades civiles básicas. El mensaje buscó dar una imagen de transparencia, cuando todo cubano sabe que quienes cuestionan al poder terminan en una celda, un acto de repudio o en el exilio.
Douhan, en sus declaraciones públicas, adoptó una postura alineada con la versión oficial. Afirmó que las sanciones estadounidenses han agravado la crisis humanitaria, afectando la alimentación, los ingresos familiares, la infraestructura, y la disponibilidad de recursos básicos. También señaló la escasez de medicamentos y la reducción de la esperanza de vida del país. No dijo nada, al menos públicamente, sobre la destrucción deliberada del sistema de salud por un modelo que prefirió priorizar el turismo de lujo y el control político.
La relatora calificó de ilegal la designación de Cuba como país patrocinador del terrorismo e instó al fin del uso de sanciones como arma política. Sus palabras llegaron como agua bendita para el régimen, que usó las declaraciones como si ya existiera un fallo final a favor de La Habana, aunque el informe real será presentado recién en 2026.
Mientras daban paseos oficiales a la visitante y le entregaban gruesos documentos sobre los daños del embargo, las organizaciones independientes seguían en otra esquina, excluidas y silenciadas como siempre. No pudieron expresar la realidad que el gobierno intenta esconder: presos políticos, pobreza extrema, migración masiva, falta de derechos, censura y una vida cada vez más cuesta arriba que no puede atribuirse solo a Washington.
Miles de cubanos, dentro y fuera del país, cuestionan que el régimen culpe al “bloqueo” de absolutamente todo mientras la élite vive rodeada de privilegios, se invierte en hoteles vacíos y la infraestructura del país se cae a pedazos. El contraste es brutal y evidente. La gente reclama que también existe un “bloqueo interno”, hecho de leyes represivas, controles políticos, obstáculos burocráticos y amenazas para quien se atreva a alzar la voz.
La visita de Douhan llega en un momento en que el Gobierno intenta salir a flote en medio de una crisis sin precedentes, agravada por el endurecimiento de sanciones pero también por errores económicos monumentales, corrupción y una ineficiencia que ya es parte del ADN del sistema. Con el eco político que le genera el discurso de la relatora, Díaz-Canel intenta ganar tiempo y simpatías internacionales sin asumir responsabilidad por el fracaso estructural de su modelo.
El resultado es la escena de siempre. El régimen se viste de víctima, habla de derechos humanos en los salones oficiales y exige comprensión, mientras millones de cubanos no pueden ni contar la otra mitad de la historia sin miedo a las consecuencias. Una historia que ningún informe oficial, ni de La Habana ni de la ONU, puede tapar para siempre.
