Lo que está viviendo la familia de William Sosa parece sacado de una película de suspenso, pero lamentablemente es la Cuba real: documentos que de la noche a la mañana se declaran “secretos”, abogados expulsados del caso sin explicación y una familia que ve cómo se estrecha el cerco legal contra un hombre detenido por pensar, escribir y opinar.
Todo comenzó cuando las autoridades cubanas impidieron a la abogada de Sosa acceder a un expediente clave. El documento, que hasta hacía apenas días era catalogado como algo totalmente regular, fue elevado repentinamente a la categoría de “clasificado” y “material sensible”. ¿El resultado? La abogada quedó fuera, sin poder defender a su cliente en el punto más crítico del proceso.
La denuncia la hizo pública Miguel Sosa, hijo de William, quien contó en redes sociales que le dijeron a la abogada que no tenía autorización para ver el archivo. El absurdo roza lo cómico si no fuera tan trágico: se trata de una simple advertencia administrativa que, supuestamente, ya había sido entregada al propio Sosa meses atrás.
“Le retiraron a la abogada. La justificación legal es incomprensible”, escribió Miguel, todavía intentando procesar cómo una advertencia de rutina pasó mágicamente a ser un secreto del Estado. ¿Cómo puede ser confidencial un papel que, en teoría, ya había leído el interesado?
Para la familia, esta movida tiene una intención evidente: dejar a William Sosa totalmente vulnerable. Sin su abogada, sin acceso a su información y sin herramientas para enfrentar un proceso que ya estaba cargado de irregularidades. “Es dejarlo solo frente al sistema”, denunció su hijo.
Miguel asegura que esta maniobra cierra aún más “las puertas de la justicia”, intensificando el aislamiento legal de su padre. Y lo dice con la frustración de alguien que ha visto de cerca cómo la burocracia y el autoritarismo pueden desarmar cualquier derecho ciudadano.
William, un hombre que siempre dijo apostar por el análisis y el pensamiento crítico, ahora está pagando el precio de opinar. Literalmente. Tras ser arrestado el 12 de noviembre acusado del delito de “desobediencia”, fue trasladado a un centro penitenciario. La “desobediencia”, una figura tan amplia como conveniente, es utilizada con frecuencia para castigar voces incómodas.
La familia insiste en que la detención es arbitraria y que el verdadero “delito” de William fue publicar en Facebook reflexiones sobre la economía y la vida en Cuba. “Su crimen fue pensar y escribir”, dijo Miguel, una frase que resume dolorosamente lo que viven tantos cubanos.
La Constitución puede decir lo que quiera sobre libertad de pensamiento y expresión. En la práctica —como demuestra este caso— termina reducida a tinta sobre papel. Y lo más triste: detrás de este expediente manipulado no solo hay una batalla legal, sino un hogar que sufre. Una familia esperando a un esposo y padre que ahora enfrenta un proceso amañado y un aislamiento reforzado por una decisión absurda: convertir un documento cotidiano en “secreto”.
Hoy, el miedo no es solo a la cárcel. Es a la arbitrariedad, a ese poder de convertir cualquier papel, cualquier palabra o cualquier crítica en una amenaza para el Estado.
