La última novela del sistema cubano no salió de un canal estatal ni de un noticiero dramatizado, sino de perfiles oficialistas que ahora denuncian, casi con orgullo, una supuesta cruzada contra negocios privados que “migran” hacia circuitos protegidos para sobrevivir al apagón eterno. La historia viene presentada como una defensa del orden, pero basta rascar un poco para ver lo de siempre: el régimen buscando culpables fuera de casa mientras su propia ineficiencia ilumina todo el panorama.
Según esta versión del oficialismo, en los últimos días se han detectado panaderías, dulcerías y galleterías conectadas a zonas de energía priorizada, como si hubieran montado una guarida eléctrica clandestina. La acusación suena casi heroica, pero choca con la realidad de la calle: esos mismos negocios son los que hoy, aunque con precios altos, logran poner pan y comida donde el Estado hace años no alcanza nada más que excusas. Pero en vez de garantizarles condiciones, se les criminaliza porque el Gobierno no tolera que nadie funcione mejor que él.
La denuncia también menciona contenedores refrigerados colados en esos circuitos privilegiados, conectados “como quien enchufa un cargador de celular en casa de un socio”, sin formalidades ni contratos sólidos. Lo gracioso —o trágico— es que, según el propio post oficialista, las cuentas de esa electricidad las estaban pagando entidades estatales, o sea, el bolsillo colectivo. En buen cubano, una croqueta más en la mesa del absurdo: no hay corriente para los hospitales, pero sí para negocios que se enchufan sin contrato mientras la empresa pública les cubre la factura.
El discurso oficial asegura que esto no es una ofensiva contra las MIPYMES, sino una batalla contra el “desorden”. Pero cualquiera que viva en la Isla sabe que la palabra “desorden” tiene dueño hace 65 años, porque el caos no lo inventaron los emprendedores privados, sino un Estado que destruyó el sistema eléctrico y ahora persigue a quienes intentan sobrevivir a su propio desastre.
También se les suelta la solución mágica: generar su propia energía, alquilar frigoríficos estatales o firmar contratos transparentes con la UNE. Como si estuviéramos hablando de un país normal, donde la UNE funciona, se cumplen los contratos, y la corriente no desaparece como si las turbinas fueran manejadas por fantasmas.
El propio texto reconoce algo clave: los contenedores refrigerados mantienen alimentos que terminan en la mesa del pueblo, y esa no es una responsabilidad menor en un país donde cada refrigeración salvada es un plato menos que se echa a perder. Pero en vez de apoyar a quienes garantizan lo que el Estado dejó de garantizar hace décadas, la respuesta oficial es cortar cables y armar expedientes para mostrar músculo político.
Se anuncia que todos los puntos detectados han sido desconectados y que se seguirá “desmenuzando el embrollo”. Y aquí está el detalle: cuando el régimen dice que está desenredando algo, generalmente significa que vienen más trabas, más persecución y más mecanismos para frenar a quienes están intentando hacer lo que el propio sistema dejó de hacer hace rato: producir, abastecer y generar prosperidad en medio de la ruina oficializada.
