Las autoridades cubanas arrestaron en La Habana al ciudadano español Martiño Ramos Soto, condenado en su país a más de trece años de cárcel por abusar sexualmente de una menor, según confirmaron fuentes oficiales. La captura no se anunció con bombo y platillo, como acostumbra el régimen cuando le conviene, pero se filtró a través de la agencia EFE, que describe una operación que llevaba meses en silencio.
La Policía Nacional Revolucionaria detuvo al hombre hace pocos días, después de que España solicitara formalmente su extradición. La orden provenía de la Audiencia Provincial de Ourense, emitida el 31 de octubre, pero en La Habana sabían desde hacía tiempo que el prófugo estaba en la isla. Había sido vigilado discretamente por las autoridades cubanas mientras se decidía qué hacer, en otra muestra del lento y hermético manejo judicial del Estado cubano, donde nada se mueve sin permiso desde arriba.
Aunque hay voluntad de ambos gobiernos para devolverlo a España, el trámite no está tan claro, porque La Habana y Madrid no tienen vigente un acuerdo formal de extradición, como recordó la agencia. Cuba coopera si le conviene, pero el proceso está marcado por ese vacío legal que deja la decisión final en manos del poder político, como casi todo en el país.
Ramos Soto no era un delincuente cualquiera. España lo tiene en la lista de los diez más buscados. Fue profesor y militante de la desaparecida agrupación En Marea, y era conocido en su ciudad por trabajar en escuelas y actividades culturales. Detrás de esa imagen pública se escondían abusos y prácticas sádicas cometidas contra una alumna que tenía entre 12 y 16 años, delitos por los que fue sentenciado en 2025. En lugar de ingresar en prisión, decidió escapar.
Las investigaciones policiales reconstruyeron un recorrido digno de película: primero huyó a Portugal, después a Brasil, más tarde a Perú y finalmente terminó en Cuba. Las autoridades españolas sospechaban que tenía apoyo logístico en la isla, y los hechos parecen confirmar que vivió varios meses sin ser molestado, a pesar de su condena y orden de captura. Al parecer, solo ahora fue arrestado, sin que se expliquen públicamente las razones del cambio de postura del régimen.
La policía española lo incluyó entre sus fugitivos prioritarios, al nivel de narcotraficantes, asesinos y agresores sexuales de alta peligrosidad. Su captura es una buena noticia para la justicia española, pero en Cuba queda la sensación de siempre: el sistema actúa cuando quiere y como quiere, sin transparencia, sin respuestas públicas y, como tantas veces, sin asumir responsabilidad ante la ciudadanía.
