El régimen cubano prepara otro juicio en secreto contra Alejandro Gil Fernández, y esta vez la jugada viene más pesada que nunca. Según reveló su hermana, María Victoria Gil, el exministro podría terminar con cadena perpetua por cargos de espionaje y, además, enfrentarse a otros 30 años por supuestos delitos económicos. Todo esto cocinado en la oscuridad típica de la maquinaria represiva, donde la ley es un adorno y la transparencia un mal chiste.
La familia se ha enterado por vías informales, porque el expediente no lo han podido ver ni por foto. Nada nuevo: en Cuba, cuando el régimen quiere desaparecerte políticamente, te esconden hasta el papel sanitario.
María Victoria asegura que el juicio por espionaje ya tiene una petición fiscal brutal: prisión de por vida. Y que el proceso separado por temas económicos —una novela que el régimen desempolva cuando necesita justificar linchamientos políticos— podría agregarle décadas encima. Según lo que le han contado, el nuevo juicio está “al caer”. Pero la dictadura no ha soltado ni fecha ni detalles.
El silencio oficial es absoluto. Ni Fiscalía, ni el MININT, ni nadie ha dicho una palabra pública sobre los cargos. Todo se mueve bajo esa penumbra que caracteriza los procesos políticos en Cuba, donde la justicia se usa como mazo para callar a quien moleste.
La familia sospecha que, igual que el juicio anterior, este también será a puerta cerrada. Y no es casualidad: hay demasiados peces gordos embarrados y demasiado miedo a que Gil diga lo que sabe. Su hermana lo dijo claro: “Mi hermano quiere hablar y lo van a silenciar”. Y en los pasillos corre el rumor de que podrían aparecer como testigos Manuel Marrero o el propio Díaz-Canel. Si eso ocurre, será porque la cúpula está tratando de cubrirse las espaldas a cualquier costo.
Los supuestos “delitos económicos” vienen de la época en que Gil trabajó en Caudal, una aseguradora marítima en el Reino Unido. Vivió con más comodidades que cualquier ministro promedio, una verdad incómoda para un sistema que predica austeridad mientras la cúpula se da vida de millonario en silencio.
Como parte del operativo, la familia también está bajo presión. Les registraron las casas sin aviso, les confiscaron teléfonos y computadoras, y la esposa del exministro pasó cuatro meses detenida. Aunque ya está fuera, la vigilancia sigue: la sobrina afirma que un carro la sigue constantemente. El guion clásico del aparato represivo.
El segundo juicio llega en medio del caos nacional: apagones eternos, inflación fuera de control y un malestar social que ya no cabe debajo de la alfombra. Para la familia, el régimen está buscando un chivo expiatorio para sacudirse el desastre. Y la sentencia —dicen— ya está escrita.
