El segundo juicio contra el ex ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, arrancó este miércoles en un silencio que mete miedo. Ni aviso previo, ni comunicado de última hora, ni una mísera nota oficial. Todo a puerta cerrada y con el secretismo típico de un régimen que teme más a la transparencia que al mosquito Aedes.
La vista comenzó a las 9:30 de la mañana en el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, el mismo escenario de la primera sesión por supuesto espionaje. Esta vez, sin los despliegues hollywoodenses de Seguridad del Estado cerrando calles, aunque igual había vigilancia suficiente para recordarle a cualquiera que en Cuba “la justicia” es un espectáculo privado.
Según una fuente cercana al caso, estuvieron presentes los dos hijos del ex ministro, obligados a firmar una cláusula de confidencialidad. Sí, en Cuba hasta para ver a tu padre en juicio tienes que firmar silencio. A la hermana, como ya ocurrió en el juicio anterior, ni la dejaron entrar. Ironías del destino: mientras ella pedía un proceso público, el régimen respondía con opacidad total.
Mientras tanto, los medios oficialistas dedicaban el día a empapelar portadas con la cara del difunto Fidel Castro. Prioridades del sistema: más culto a la imagen, menos información sobre un juicio que podría sacudir las entrañas del poder.
Una fuente de 14ymedio aseguró que el expediente que se juzga este miércoles incluye a más de veinte imputados, entre ellos un diputado de la Asamblea Nacional y un secretario del Partido. Para Gil, la Fiscalía pide 30 años de condena; para el resto, sentencias mínimas de 15. La purga huele a vendetta interna.
Hasta ahora tampoco se conoce el resultado del primer juicio por espionaje. Lo único confirmado es que el abogado Abel Solá López habría realizado una defensa “brillante”, según la familia del ex ministro. El régimen, como siempre, administra la información con cuentagotas… y solo cuando le conviene.
La hermana de Gil, María Victoria, declaró recientemente que la acusación de espionaje fue impulsada por el primer ministro Manuel Marrero. Según su versión, hubo una maniobra hecha desde las altas esferas militares, molestas por el impacto de la Tarea Ordenamiento, esa reforma económica que terminó hundiendo aún más al país y dejó al ex ministro bajo los reflectores del desastre.
El 1 de febrero, Marrero llamó a Gil para decirle que su gestión “no había dado los frutos esperados”. Al día siguiente, cuando fue entregar su cargo, lo estaban esperando dos agentes de la Seguridad del Estado. Su esposa fue liberada, pero él fue enviado directo a Guanajay, la prisión de máxima seguridad.
Hasta entonces, Alejandro Gil no era un cuadro cualquiera: era viceprimer ministro y mano derecha de Díaz-Canel, el hombre encargado del desastre económico más agresivo de los últimos tiempos. Pero en Cuba, cuando algo sale mal, siempre se busca un chivo expiatorio… y suele ser alguien que ya no es útil para el poder.
Tras 20 meses de silencio, la Fiscalía soltó el listado de delitos: espionaje, malversación, evasión fiscal, lavado de activos, tráfico de influencias y hasta daño de documentos oficiales. Un combo perfecto para destruir la reputación de cualquiera, y aún más si se quiere borrar su papel dentro de la cúpula gobernante.
El mensaje es claro: el régimen está usando el caso para ajustar cuentas dentro de sus propias filas. Un juicio a oscuras, sin testigos, sin prensa y sin transparencia es la prueba viva de que en Cuba la justicia no es justicia: es control político disfrazado.
