El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, dedicó la clausura de la Cuarta Jornada Nacional de Ciberseguridad a advertir sobre un presunto “uso subversivo” de las redes sociales, señalándolas como un supuesto campo de agresión contra la revolución.
Acompañado por Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista, Marrero ubicó el debate digital dentro del marco de “amenazas externas”, usando como telón de fondo el recrudecimiento del embargo y los efectos del huracán Melisa. Según el funcionario, enfrentar las noticias falsas es tarea de todos los ciudadanos, quienes deben elevar su “cultura” digital para detectar riesgos.
El jefe de Gobierno destacó además que el Estado mantiene una “especial atención” sobre la ciberseguridad y confía en que los participantes del evento garanticen un uso “seguro y responsable” de las tecnologías digitales. Durante la jornada se presentaron 34 ponencias y se discutieron soluciones tecnológicas y buenas prácticas para “defender el espacio digital de la nación”, según la televisión estatal.
Más allá de la retórica, la intervención de Marrero refuerza la narrativa del régimen: cualquier contenido crítico se convierte automáticamente en amenaza política. Este enfoque acompaña la campaña de difamación que el gobierno ha lanzado contra medios independientes, con acusaciones de “mercenarios” y vínculos con la “ultraderecha internacional”.
El portal oficial Cubadebate llegó a señalar 30 cuentas en redes sociales como parte de esta supuesta “guerra cognitiva”, eco del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y medios como Granma o el programa “Razones de Cuba” del vocero Humberto López. ElTOQUE, conocido por publicar la Tasa Representativa del Mercado Informal, ha sido uno de los principales blancos, acusado de socavar la “imagen del país” y etiquetado de manera alarmista como “terrorista mediático”.
El régimen no se detuvo allí: se publicaron fichas personales de 18 supuestos directivos del medio, con fotos y datos, amenazando con investigaciones penales, posible extradición y cárcel, en un intento claro de intimidar a periodistas y lectores.
