El Ministerio del Interior apareció este martes con una nueva ofensiva mediática, esta vez contra las redes informales de finanzas que, para millones de cubanos, son el único salvavidas económico que todavía funciona. Según la narrativa repetida en el Canal Caribe, dos cubanos residentes en Estados Unidos y España serían los “cerebros” de un entramado que desviaba remesas y operaba sistemas de pago al margen del control estatal.
El régimen afirma que estas redes movían cientos de millones de pesos cada semana, como si fueran gigantes financieros ocultos y no simples mecanismos alternativos creados porque los bancos cubanos hace rato dejaron de servir para algo. La acusación forma parte del expediente 862 de 2025, abierto en Santa Clara, donde el propio MININT asegura haber desmontado una estructura de “compensación ilegal de finanzas”.
Según la versión oficial, los llamados “financistas” negociaban con emprendedores privados para pagar a proveedores desde el extranjero, mientras en Cuba se entregaba el equivalente en pesos a quienes recibían remesas. Todo esto sin pasar por los canales estatales, esos que nadie quiere usar por lentos, ineficientes y plagados de restricciones. El informe televisivo asegura que dentro del país existía toda una red de gestores encargados de recoger y distribuir grandes cantidades de efectivo, con ramificaciones en Sancti Spíritus, Las Tunas y otros territorios.
Las autoridades explicaron que estas operaciones generaban “enriquecimientos millonarios” gracias a comisiones del 8 al 12 %, una cifra que presentaron como un abuso, sin mencionar que los mecanismos oficiales cobran tarifas absurdas, entregan el dinero tarde y, muchas veces, en moneda que no sirve para comprar nada.
El discurso fue el mismo de siempre: que estos esquemas “violaban las leyes”, que “afectaban los programas económicos” y que eran parte de las “modalidades de guerra económica” de Estados Unidos. Y aunque el MININT aclaró que no era una ofensiva contra las formas de gestión no estatal, dejó claro que la expansión del sector privado ha creado estructuras que funcionan fuera del banco estatal, algo que el régimen no tolera.
Pinar del Río también entró en la lista. En el expediente 1021 de 2025, las autoridades describieron a un hombre que cambiaba divisas desde su casa usando las tasas del mercado informal. Lo presentaron como si fuera un villano financiero, cuando en realidad solo estaba haciendo lo que hacen miles de cubanos para sobrevivir: adaptarse al caos que el propio Estado generó.
El panorama en La Habana no fue distinto. En el municipio 10 de Octubre, el MININT dijo haber detectado otro entramado vinculado a mipymes que necesitaban grandes cantidades de moneda nacional y divisas para sostener sus operaciones. Más de cien investigaciones similares, según el régimen, están en marcha en todo el país. La excusa: la isla enfrenta crisis económica, energética y epidemiológica tras el huracán Melissa. La realidad: la persecución busca frenar la única economía que todavía se mueve, la informal.
Para justificarlo todo, el discurso oficial repite que Cuba recibe menos del 10 % de las remesas por los canales estatales, una cifra que para ellos es prueba de “delito”, cuando para el pueblo es simplemente una evidencia más de que nadie confía en las vías oficiales.
Críticos y economistas independientes coinciden en que estas redes no proliferan por maldad, sino por pura necesidad. El sistema bancario estatal está prácticamente colapsado, las transferencias demoran días o semanas y, en muchos casos, ni siquiera hay efectivo disponible. En ese contexto, las vías informales llegaron para cubrir un vacío que el Estado nunca logró llenar.
Mientras tanto, la propaganda del régimen intenta pintar a los “financistas” como villanos internacionales que “saquean” las remesas enviadas por los emigrados. Pero para la gente de a pie, la historia es otra: estas redes existen porque funcionan, porque permiten que el dinero llegue rápido y sin los abusos de la burocracia estatal.
