El régimen arrancó en silencio el segundo juicio contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, un proceso cargado de cargos pesados como malversación y lavado de activos, pero cuidadosamente escondido del pueblo cubano. Fuentes dentro de la Isla confirmaron que la vista comenzó el 26 de noviembre en La Habana sin el más mínimo aviso público, como si se tratara de un asunto doméstico y no de un exfuncionario que manejó las arcas del país.
El juicio se está llevando a cabo en el mismo edificio de Marianao donde semanas atrás juzgaron a Gil por espionaje. Según personas vinculadas al caso, la sala tuvo que reorganizarse porque hay más de una decena de acusados, detalle que el Tribunal evita mencionar, como si los cubanos no tuvieran derecho a saber quiénes más están metidos hasta el cuello en este entramado.
El proceso arrancó bajo un manto de secretividad tan espeso que ni siquiera está claro si el juicio es público, semipúblico o cerrado. El abogado defensor, Abel Solá, se ha convertido en una sombra, “informando a medias” o simplemente evadiendo preguntas, lo que alimenta aún más las sospechas de que aquí lo que menos importa es la justicia.
Desde dentro de Cuba, varios juristas alertaron bajo anonimato que lo que está ocurriendo es una violación frontal al debido proceso. Insisten en que la gente tiene derecho a conocer lo que sucede cuando un caso involucra a alguien que manejó recursos del Estado y ocupó un cargo clave dentro de la estructura de poder. Para uno de ellos, este secretismo convierte al sistema judicial en un simple engranaje de represión formal, un cascarón vacío que simula justicia mientras opera en la oscuridad.
El abogado señaló que se han filtrado nombres de otros funcionarios de alto nivel —incluso diputados— vinculados al caso, pero ninguno ha salido a la luz. El juicio a puertas cerradas entierra principios básicos como el control ciudadano sobre la justicia y la posibilidad de observar pruebas y argumentos. Según este experto, dividir el proceso y mantenerlo en secreto solo hunde más la ya frágil credibilidad del sistema penal cubano, que vive colgado de hilos rotos.
La jueza consultada desde una sala provincial fue contundente: todo apunta a que el fallo ya está escrito. Para ella, en Cuba la falta de publicidad en los juicios no es una excepción, sino la costumbre, un esquema rígido que las autoridades nunca han querido cambiar. También explicó que el régimen jamás permitirá que información delicada relacionada con la seguridad del Estado se ventile delante de acusados comunes. Y mucho menos permitirá que Gil tenga libertad plena para hablar. Lo más probable es que lo interrumpan, lo limiten o lo callen si intenta mencionar figuras del Gobierno que no están acusadas, aunque sean parte de su defensa.
Desde que arrestaron a Gil, su paradero y condiciones fueron un misterio incluso dentro del propio sistema judicial. Ese nivel de hermetismo, según la magistrada, huele a pacto silencioso para controlar lo que el exministro pueda decir o para asegurar que coopere a cambio de una pena menos brutal. La experta calcula que la condena rondará entre 25 y 30 años, una manera de demostrar “mano dura” sin llegar al extremo de una perpetua que desate críticas internacionales.
Otro jurista, miembro de la Organización de Bufetes Colectivos, denunció que el fraccionamiento del caso es un mecanismo que históricamente perjudica al acusado. Ni siquiera se sabe si la defensa protestó esa decisión. Lo que sí está claro es que, como en muchos procesos políticos, la acusación escogerá cuidadosamente los hechos que no afecten la imagen del Partido y desechará aquello que pueda hundir más al Gobierno.
Sobre el abogado Abel Solá, todos los especialistas coinciden en que es brillante, pero prisionero de un sistema que no permite ejercer con libertad. Un jurista villaclareño contó que Solá se ha vuelto casi inaccesible, un comportamiento típico cada vez que lo asignan a casos que interesan directamente a la Seguridad del Estado. Trabaja bajo vigilancia constante, consciente de que cualquier paso en falso puede traerle consecuencias.
La jueza consultada cree que esto ya no es un juicio, sino la crónica de una sentencia cantada. El directivo de la ONBC agrega que ni siquiera los colegas de Solá se atreven a llamarlo, por miedo a que los tilden de filtradores. Ese aislamiento solo empeora la situación para Gil, porque la falta de intercambio profesional aumenta el riesgo de errores, omisiones y fallos injustos.
El entrevistado reconoce que Solá es un abogado talentoso, pero “quemado” por años dentro de un modelo que ahoga cualquier intento de independencia. Insiste en que un caso tan político necesitaría otra generación de defensores, abogados formados con valores democráticos y estrategias que combinen técnica y política para enfrentar un proceso que es, desde la raíz, un acto de control del régimen.
Antes de cerrar, recuerda que la Ley 176/2024 obliga a los abogados cubanos a promover la justicia, la transparencia y la educación jurídica. Y remata diciendo que el silencio que rodea el caso Gil viola de punta a cabo esas obligaciones.
