Palmario y pertinaz. Así de descarado es ya el secretismo del Tribunal Supremo con el caso del ex ministro Alejandro Gil. Y mira que uno puede hacer de “abogado del Diablo” y admitir que, sí, un juicio por espionaje contra un ex vice primer ministro puede llevarse a puertas cerradas. En cualquier país serio un proceso similar se maneja con discreción. Pero una cosa es proteger información sensible, y otra muy distinta es convertir el proceso en un misterio estilo novela soviética.
Mientras algunos medios independientes —quizás con demasiada buena fe— han dicho que el juicio “terminó” y está concluso para sentencia, el Tribunal Supremo sigue mudo como estatua. Ni un dato, ni un plazo, ni una explicación que justifique la opacidad. Un silencio que ya no parece prudencia, sino miedo… o cálculo.
Lo que debió pasar y nadie confirma
Para colmo, lo que callan no son secretos de Estado. Son elementos básicos del proceso penal. En cualquier juicio, incluso uno por espionaje, el acusado tiene derecho a la última palabra. Y si Alejandro Gil habló —o si prefirió callar— ese momento podría haber sido clave. Con un abogado criminalista de los duros, es lógico pensar que guardó “cargas de profundidad” para ese cierre: datos, nombres, pruebas que, soltadas en el instante final, podrían sacudir el tablero de la cúpula.
Solo después de esa intervención debía declararse el juicio “concluso para sentencia”. Ese es el procedimiento. Eso es lo que establece la ley. Pero en Cuba la ley es un decorado que el poder acomoda según convenga. Y aquí la judicatura se comporta como si informar fuera un acto subversivo.
¿Dónde está el veredicto?
La pregunta viaja por toda la Isla y fuera de ella: ¿para cuándo el veredicto de Alejandro Gil?
Porque técnicamente, después del juicio, el tribunal debió deliberar de inmediato o, como máximo, al día siguiente. La sentencia puede tardar unos días más en redactarse, especialmente en casos complejos, pero los plazos existen y son claros. Quince días hábiles, veinte en casos normales, más prórrogas de 5 y 10 días. En total, un máximo de treinta días para poner la firma.
Pero cuando se trata de un ex ministro que manejó la economía a su antojo, que cayó en desgracia en pleno derrumbe del país, y que supuestamente podría haber manejado información sensible, los plazos parecen ser más blandos que gelatina.
El poder detrás del telón
A estas alturas, la sensación es que el veredicto llegará cuando lo “autorice” alguien más alto que el presidente del Tribunal Supremo. Y todos sabemos quién es ese “alguien”. El país entero entiende que cualquier decisión en un caso así no pasa solo por Remigio Ferro, sino por la sombra del general Raúl Castro, el verdadero árbitro del destino político del régimen.
Absolución, condena leve, treinta años, cadena perpetua, o incluso la inclusión de nuevos acusados. Todo depende de lo que dijo, o dejó de decir, Alejandro Gil en ese último minuto de palabra. Y por eso el silencio pesa más que cualquier sospecha.
Mientras tanto, Cuba espera… sin esperanza
El veredicto puede aparecer hoy, mañana o cuando más convenga a quienes manejan los hilos desde la penumbra. Lo único claro es que el secretismo no busca proteger la seguridad del Estado. Busca proteger a quienes temen aparecer salpicados en el testimonio final de un hombre que estuvo demasiado cerca del poder durante demasiado tiempo.
Y en esa espera absurda, Cuba vuelve a quedar donde siempre: mirando un telón cerrado, sospechando que detrás no hay justicia, sino puro miedo.
