Si pensabas que el panorama migratorio en Estados Unidos no podía complicarse más, la última jugada de Donald Trump acaba de demostrar lo contrario. Miles de cubanos, haitianos, venezolanos y ciudadanos de otros países acaban de quedar en un auténtico limbo legal tras una nueva política que congela prácticamente toda la migración legal. Sí, así como lo lees: asilos paralizados, permisos de trabajo en pausa y residencias detenidas por tiempo indefinido.
La administración de Trump emitió una de sus medidas más amplias y restrictivas hasta la fecha. La orden, firmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), suspende de manera temporal todas las solicitudes de inmigración para los nacionales de 19 países catalogados como “alto riesgo”. En esa lista están Cuba, Haití y Venezuela, pero también Afganistán, Irán, Somalia y otros países con tensiones políticas o conflictos internos.
El golpe no es menor: esta decisión afecta desde quienes están pidiendo una green card hasta los que esperaban la aprobación de su permiso de trabajo. Según reportó El Nuevo Herald, en el sur de la Florida —epicentro de comunidades caribeñas y latinoamericanas— la noticia ha generado una ola de miedo, incertidumbre y un montón de preguntas sin respuesta.
“Esto detiene la migración legal”, advirtió sin rodeos Randolph McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services. Y no exagera. Uno de los grupos más afectados será el de los solicitantes de asilo que ya estaban esperando la aprobación de permisos laborales. Ahora, todo queda congelado “hasta nuevo aviso”, lo que se traduce en familias sin ingresos y con su vida en pausa absoluta.
La medida amplía restricciones que la administración ya había anunciado días antes, tras el arresto de un ciudadano afgano acusado de matar a un miembro de la Guardia Nacional. Trump defendió esta nueva política como parte de una revisión de seguridad nacional para “evitar amenazas internas”. En otras palabras: todo bajo el paraguas de la seguridad, sin importar quién quede atrapado debajo.
El DHS justificó la orden asegurando que busca garantizar que los inmigrantes “no representen riesgos para los intereses nacionales de Estados Unidos”. Sin embargo, abogados de inmigración y defensores de derechos humanos no se tragaron esa explicación. Muchos la califican como una suspensión encubierta de la inmigración legal que golpea especialmente a hispanos, haitianos y comunidades racializadas.
Maureen Porras, abogada de inmigración y comisionada de Doral, lo resumió así: “Si el objetivo es fortalecer la seguridad nacional, esto solo añade más carga a un sistema ya colapsado”. Mientras tanto, el reconocido abogado Ira Kurzban fue aún más directo: afirmó que Trump está usando la “seguridad” como excusa para cerrar el asilo y excluir a inmigrantes negros y de piel morena.
Organizaciones como el Venezuelan American Caucus reaccionaron igual de fuerte, calificando la orden como “cruel y peligrosa”, especialmente para refugiados que podrían ser devueltos a dictaduras y regímenes autoritarios. Y es que, más allá de los números, el impacto humano ya se siente: familias divididas, trámites paralizados y personas que no saben qué pasará con su futuro inmediato.
“No me siento seguro en Estados Unidos”, confesó el venezolano Alberto Argüelles, residente en Doral, preocupado por sus familiares que siguen atrapados en procesos de asilo que ahora podrían tardar meses… o años.
El DHS aclaró que esta “revisión” comenzará en 90 días, pero eso solo significa tres meses más de incertidumbre para miles de inmigrantes. Y aunque muchos abogados quieren impugnar la medida, admiten que será difícil: la administración la protege bajo el argumento de seguridad nacional, un escudo legal complicado de romper.
Mientras tanto, el mensaje para miles de inmigrantes es claro: toca esperar, con la vida en pausa y sin saber cuándo volverá a avanzar.
