Cuba amanece con otra tragedia que golpea de frente la vida de las mujeres. La enfermera Rosa Idania (Rosy) Ferrer Pérez, de 46 años, fue estrangulada por su pareja en el batey Elpidio Gómez, en Palmira, Cienfuegos. La noticia fue confirmada por el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), porque, como siempre, la información nunca llega por canales oficiales.
Rosy era muy querida en su comunidad por su trabajo en la salud. También era una mujer atrapada durante años en un ciclo de violencia a manos del presunto agresor, Arisbel Suárez, un hombre con antecedentes penales y fama de conflictivo. Su asesinato ocurrió en la misma casa que compartían, en ese escenario donde tantas mujeres cubanas viven bajo amenaza sin rutas reales para escapar.
Las organizaciones feministas independientes han pedido empatía y apoyo para mujeres como Rosy, porque en Cuba no existen refugios estatales, ni atención psicológica permanente, ni un protocolo efectivo que las proteja. Y mucho menos una ley integral contra la violencia de género. Las autoridades siguen mirando hacia otro lado, mientras el problema crece y se vuelve más mortal.
Según reportes ciudadanos, Suárez —conocido como “Felipillo”— huyó tras estrangularla la noche del 30 de noviembre. Vecinos aseguran que tenía antecedentes vinculados a la matanza ilegal de ganado y un historial de agresiones. Nada de esto impidió que siguiera libre, ni que viviera con Rosy, ni que la violencia escalara hasta este desenlace.
El caso fue confirmado por OGAT y por la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que actúan como redes de verificación ciudadana ante la total ausencia de estadísticas estatales. En Cuba ni siquiera se reconoce el feminicidio como categoría legal, y por eso la violencia machista queda sepultada en informes ambiguos que no cuentan la verdad.
Los datos actualizados por estas organizaciones muestran un panorama de emergencia nacional: más de 40 feminicidios confirmados en lo que va de año, varios intentos que apenas se pudieron frenar y otros casos que siguen investigándose en distintas provincias. Todo esto registrado sin apoyo del Estado, sin acceso a expedientes policiales y sin una estructura gubernamental que priorice la vida de las mujeres.
La muerte de Rosy vuelve a demostrar que la violencia de género en Cuba no es un problema aislado, sino una crisis sistemática. Una crisis profundizada por la indiferencia gubernamental, el silencio institucional y la falta de políticas reales que permitan a las mujeres salir vivas de situaciones como la que sufrió Rosy.
