La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba anunció que en los próximos días saldrán a juicio varios ciudadanos acusados de cometer supuestos “hechos vandálicos” tras el paso del huracán Melissa. Y una vez más queda claro que, cuando el país se hunde en una crisis humanitaria, el régimen responde no con apoyo, sino con mano dura y amenazas.
Quince procesos penales ya están abiertos, según la fiscal jefa, Maritza Paredes Pera. La mayoría de los implicados está bajo prisión provisional, una medida que en Cuba suele imponerse como castigo anticipado, no como precaución legal. Ocho casos ya llegaron al Tribunal Provincial y la Fiscalía pidió aplicar agravantes del famoso artículo 80.1, inciso D, ese mismo que se activa cada vez que el régimen quiere “meter presión” en nombre de la “calamidad pública”.
Según la versión oficial, los acusados habrían tomado tejas, cables eléctricos, electrodomésticos y alimentos. Lo que no dice el comunicado es que la gente en Santiago —como en toda Cuba— está sobreviviendo entre ruinas, hambre, apagones interminables y un Estado que promete ayuda, pero aparece solo para reprimir.
El discurso del poder es el mismo de siempre: todo lo que hagan los ciudadanos “entorpece la recuperación”. Lo que nunca admiten es que la verdadera recuperación no avanza porque el país lleva décadas saqueado por una élite que vive a oscuras solo cuando se les va el generador.
Mientras la Fiscalía se golpea el pecho hablando de “legalidad socialista”, organizaciones de derechos humanos y miles de cubanos en redes señalan lo evidente: estos procesos no buscan justicia, sino escarmiento. El mensaje es claro: en medio del desastre, ni se te ocurra quejarte, protestar o siquiera intentar resolver tu miseria por tu cuenta.
La realidad es otra: la gente roba tejas porque no tiene techo; toma comida porque no tiene qué poner en la mesa; recoge cables porque necesita lo que el Estado nunca le da. Pero en vez de responder con apoyo real, el régimen opta por criminalizar la desesperación.
