El reciente anuncio del Tribunal Supremo de Cuba sobre la promoción activa de subastas judiciales para vender bienes incautados ha encendido las alarmas entre los cubanoamericanos que aún conservan propiedades en la isla o tienen familiares encargados de administrarlas. Aunque la medida se presenta como una manera de recuperar deudas de personas sentenciadas, muchos ven en ella un mecanismo de presión que opera bajo la sombra de la opacidad legal que caracteriza al régimen.
Según los comunicados oficiales, las subastas podrían incluir vehículos, inmuebles, maquinaria e incluso obras de arte. Aunque la ley contempla estos procedimientos, lo que resulta novedoso es la transparencia “oficial” con la que ahora se anuncian. Los expertos advierten que cualquier bien sujeto a ejecución podría terminar subastado para cubrir obligaciones financieras derivadas de sentencias judiciales, y en un sistema donde el debido proceso es más un deseo que una garantía, esto despierta preocupación.
Para participar, los interesados deben ser residentes en Cuba, presentar identificación, aceptar las normas de la subasta y depositar una fianza del 30 % del valor tasado del bien. El pago final debe realizarse electrónicamente en un plazo de 10 días, y el incumplimiento implica la pérdida de la fianza. Un proceso que, en teoría, parece ordenado, pero que en la práctica podría convertirse en otra herramienta de intimidación.
El debate público ha explotado en redes, impulsado por la constante mención del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, sometido a procesos judiciales por delitos económicos. Muchos especulan sobre si sus bienes podrían entrar en estas subastas, y se preguntan si esta herramienta podría aplicarse también a otras figuras relevantes o a propiedades de alto valor.
La preocupación es aún mayor para la diáspora cubana, sobre todo en Florida. Muchos cubanoamericanos mantienen viviendas heredadas, inmuebles registrados a nombre de familiares o propiedades gestionadas por representantes en la isla. Abogados del exilio advierten que, aunque la ley cubana prohíbe que ciudadanos estadounidenses sean titulares directos de residencias, la realidad muestra un entramado de bienes administrados a través de terceros. En un escenario de subastas judiciales más agresivas, estas propiedades podrían quedar expuestas si la persona designada enfrenta deudas o procesos judiciales en Cuba.
La falta de información detallada alimenta la desconfianza. Algunos creen que el régimen está buscando nuevas fuentes de ingreso en medio de la crisis económica, mientras otros sospechan que podría ser una manera de reapropiarse de propiedades estratégicas, aprovechando la limitada capacidad de defensa de quienes viven en el extranjero.
Hasta ahora, no hay indicios de que la medida se dirija específicamente contra la diáspora, pero la preocupación crece. Organizaciones del exilio ya han comenzado a alertar a cubanoamericanos para que revisen el estatus legal de sus bienes, verifiquen posibles deudas y estén atentos a los edictos judiciales.
La promoción pública de estas subastas, sin precedentes en su alcance, abre un nuevo capítulo de incertidumbre y alerta para quienes mantienen lazos patrimoniales con Cuba. La sombra sobre herencias y propiedades administradas por terceros promete mantener a la diáspora en vilo, mientras el régimen sigue buscando maneras de engrosar sus arcas bajo la apariencia de legalidad.
