El vicepresidente Salvador Valdés Mesa volvió a dejar claro este viernes algo que el régimen siempre trata de maquillar: el Estado cubano está quebrado y ya no puede sostener ni la siembra de arroz, ese alimento básico que hoy es un lujo en la mesa del cubano.
Durante un recorrido por zonas potenciales de cultivo en Holguín, el funcionario reconoció abiertamente que la expansión arrocera solo será posible si los productores privados ponen el dinero para maquinaria e insumos. En otras palabras, el Gobierno se quita de arriba la responsabilidad y deja la carga en manos de los mismos agricultores que sobreviven en ruinas.
En la unidad agroindustrial de granos de Mayarí, Valdés Mesa dijo que hay agua suficiente para cultivar más de 800 hectáreas. Lo que no hay es combustible, cosechadoras ni recursos estatales para hacerlo. Por eso pidió apoyarse en “formas de gestión no estatal”, un eufemismo para admitir que sin capital privado no hay siembra ni milagro.
El vicepresidente fue todavía más claro al afirmar que “hay nuevos actores económicos con recursos financieros” y que el Estado debe “adecuarse y utilizarlos”. La frase resume el viraje forzado del régimen, que ahora ve en los privados la tabla de salvación que durante décadas demonizó.
Los directivos locales señalaron la falta de combustible y maquinaria como los principales obstáculos. Pero la realidad es más cruda: el programa arrocero está desplomado. Tanto así que, durante la visita, se acordó crear una pequeña empresa independiente para producir arroz, otra señal del giro desesperado hacia actores privados para tapar el hueco que dejó el Estado.
Este discurso no es nuevo. En septiembre, en Cienfuegos, Valdés Mesa ya había propuesto entregar grandes lotes de tierra a quienes tuvieran dinero para comprarse su propia maquinaria. Allí confesó que cada año el país gasta más de 400 millones de dólares importando arroz mientras solo logra producir un 11 % de lo que consume. Un fracaso monumental para un régimen que se vendía como “potencia agrícola”.
Las cifras lo confirman. Cienfuegos apenas cosechó 10 mil toneladas en 2023, la mitad de lo necesario para autoabastecerse. En Aguada de Pasajeros, una cooperativa que antes producía a buen ritmo hoy solo siembra 17 hectáreas porque no hay agua, electricidad ni dinero para pagar a los jornaleros.
El arroz, ese acompañante obligatorio de la mesa cubana, se ha convertido en un artículo casi de lujo. En mayo, la libra pasó los 300 pesos en varias provincias y llegó a 340 en La Habana, mientras que en Cienfuegos rondaba los 270 pese a los controles y amenazas. El precio sube, la producción cae y el cubano sigue exprimiendo un salario que no alcanza ni para un paquete.
La dependencia de las importaciones ha sido una constante en los últimos 15 años, pero ahora es peor. El Gobierno depende de donaciones y de pagar precios internacionales que no puede sostener. Según cifras oficiales, en 2024 Cuba produjo apenas el 30 % del arroz que cosechaba en 2018. El desplome es tan grande que ni los discursos reciclados pueden taparlo.
Lo que está ocurriendo es simple: el Estado ya no tiene capacidad para producir alimentos y necesita al sector privado para evitar un colapso mayor. Pero lo hace tarde, a regañadientes y con la misma estructura burocrática que asfixia cualquier iniciativa.
