La historia parece sacada de una serie política, pero ocurrió en la vida real: un desarrollador decidió llevar al Gobierno de Donald Trump a los tribunales después de que Apple retirara una aplicación diseñada para alertar sobre redadas migratorias. Sí, una app que avisaba cuando ICE estaba en la zona… y que terminó borrada bajo presión.
La aplicación se llamaba ICEBlock, y su función era simple pero poderosa: notificar a los usuarios sobre operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tiempo real. Para muchos, una herramienta de protección; para otros, un dolor de cabeza. Y ahí es donde entró el conflicto.
Según reveló The New York Times, su creador, Joshua Aaron, decidió demandar a altos funcionarios del Gobierno de Trump. ¿La razón? Asegura que coaccionaron a Apple para eliminar su app, violando derechos fundamentales como la libertad de expresión y la creación de herramientas digitales. Nada más y nada menos.
La demanda fue presentada en un tribunal federal en Washington D.C., un escenario que promete convertirse en el nuevo campo de batalla entre política, tecnología y derechos ciudadanos.
El diario aseguró que la entonces fiscal general Pam Bondi, actuando en nombre del Departamento de Justicia, contactó directamente a Apple. Su argumento: que ICEBlock “ponía en riesgo la seguridad de los agentes federales”. Apple, lejos de resistirse, terminó aceptando la petición y eliminó la app después de seis meses de estar disponible.
La función de ICEBlock era clara: permitir que usuarios avisaran sobre redadas o movimientos del ICE, alertando a comunidades vulnerables y a migrantes indocumentados para que estuvieran prevenidos. Tras su desaparición de la App Store, otras compañías también siguieron la tendencia. Google y Meta eliminaron servicios similares, entre ellos DeICER, Red Dot y hasta grupos de Facebook dedicados a reportar acciones del ICE. La ola de silenciamiento fue amplia.
Joshua Aaron asegura que todo esto fue un acto de censura política orquestado desde la Casa Blanca y ejecutado por una de las empresas tecnológicas más poderosas del planeta. “Cuando el gobierno usa su poder para silenciar a los ciudadanos, la democracia pierde terreno”, declaró en el artículo citado.
El punto clave en su demanda busca descubrir si Apple actuó bajo una orden formal o si todo se manejó mediante llamadas y mensajes informales. Este detalle podría determinar si hubo abuso de poder directo por parte del gobierno.
Además, el caso revive una vieja discusión: ¿hasta dónde pueden llegar los gobiernos para influir en las grandes tecnológicas? Apple, que siempre ha intentado proyectar una imagen de defensora de la privacidad, ha cedido en varias ocasiones a censuras exigidas por gobiernos como los de China o Rusia. Pero un caso así dentro de Estados Unidos no había salido a la luz… hasta ahora.
Mientras tanto, ni la Casa Blanca ni Apple han querido dar declaraciones. Silencio total.
Lo que sí está claro es que esta demanda podría marcar un antes y un después en la relación entre el poder político, las plataformas digitales y la libertad de expresión. Un choque de titanes que apenas comienza.
