El régimen cubano oficializó este lunes la condena a cadena perpetua del exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, bajo cargos de espionaje a favor de Estados Unidos, corrupción continuada, sustracción de documentos oficiales, violación de sellos y otros delitos económicos. Una segunda causa le sumó 20 años más de prisión, además de la confiscación de sus bienes y la prohibición de ocupar cargos públicos, cerrando un capítulo judicial que para muchos huele más a política que a justicia.
La familia del exfuncionario no se sorprendió. Desde España, su hermana, María Victoria Gil, reconocida jurista y expresentadora, había alertado semanas atrás que la perpetua era “ya un hecho consumado”. Según ella, todo el proceso fue diseñado por el aparato represivo para convertir a Alejandro en chivo expiatorio, mientras se protegía a otros dentro del poder.
El Tribunal Supremo Popular alegó que durante las vistas orales de noviembre se probaron delitos graves, que justificaban la condena máxima. En el comunicado oficial se describió a Gil como un funcionario “corrupto y simulador” que habría engañado al país y puesto información sensible “a disposición de los servicios del enemigo”. Sin embargo, la acusación más explosiva, el supuesto espionaje para la CIA, jamás fue explicada públicamente ni se presentó evidencia alguna.
Ese vacío informativo ha sido llenado por la voz de su familia, la única constante en un caso marcado por el secretismo. María Victoria denunció que la investigación estuvo controlada íntegramente por la Seguridad del Estado, con expedientes encriptados y sin ninguna garantía real.
“La sentencia ya estaba dictada”, aseguró la hermana del exministro en entrevistas con Martí Noticias y El Mundo de Darwin. Según ella, Alejandro niega categóricamente todo lo relacionado con espionaje. Aunque la defensa, encabezada por el abogado Abel Solás, habría rebatido cada acusación, el desenlace era inevitable. “De la cadena perpetua no se va a librar. Esa sentencia estaba predeterminada”, subrayó días antes de que se hiciera oficial.
El derrumbe de Gil comenzó el 1 de febrero de 2024, cuando recibió una llamada de Marrero notificándole su destitución por “mal trabajo”. Semanas después, al acudir a la oficina del primer ministro para entregar documentación, lo esperaban oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le informaron que estaba bajo investigación. Desde entonces, la familia relata reclusión en casas controladas por el MININT, traslados a prisiones de alta seguridad y visitas limitadas a apenas 15 minutos cada 15 días.
María Victoria sostiene que lo que se juzga no es un delito aislado, sino luchas internas del poder, donde un funcionario termina pagando por errores ajenos. “En un país donde toda la cúpula es corrupta, tendrían que juzgarlos a todos”, afirma. “Por eso recurren al espionaje: para silenciar y proteger a otros”.
El juicio concluyó sin cobertura mediática oficial. Ni el Noticiero ni la prensa estatal tocaron el caso, y los familiares solo pudieron asistir tras firmar estrictos documentos de confidencialidad, una práctica que, según María Victoria, busca acallar a las víctimas.
La condena de cadena perpetua ya es un hecho, pero la pregunta que sigue flotando en el aire es la misma que inquieta a la familia y a quienes observan desde fuera: ¿por qué cayó realmente Alejandro Gil y a quién protege su condena? En Cuba, los misterios del poder continúan intactos, mientras la justicia se convierte en un espectáculo de control y miedo.
