En Guantánamo, la corrupción dentro de las instituciones del régimen sigue saltando a la luz. Esta vez, el golpe recayó sobre la Directora Provincial de Justicia, Gisellis Reyes García, quien fue destituida tras una investigación que se extendió varios meses y que dejó al descubierto irregularidades de extremo calibre.
El proceso estuvo supervisado directamente por la Viceministra de Justicia, Pilar Varona, y reveló que la funcionaria habría apropiado bienes estatales para uso personal. Entre lo incautado, se encontraron equipos electrodomésticos de la institución dentro de su vivienda, una señal clara de cómo los privilegios del cargo se traducen en enriquecimiento ilícito.
Pero la cosa no quedó ahí. La pesquisa también detectó la desaparición de un vehículo Hyundai Atos y de dos motocicletas, marcas Peugeot y ETZ, que nunca pasaron por los trámites oficiales de baja técnica. Todo indica que fueron legalizados fraudulentamente bajo un esquema de “armado en partes y piezas”, un truco que evidencia la ingeniería del robo institucionalizado.
El escándalo se profundiza con la revelación de la venta ilegal de turnos para servicios en Notarías y Registros Civiles, una práctica que la población lleva denunciando años y que demuestra hasta qué punto la corrupción está arraigada dentro del sistema judicial.
Este caso vuelve a dejar al descubierto la descomposición interna del aparato estatal cubano, mientras el pueblo sigue enfrentando carencias extremas, impunidad y un sistema que protege a sus propios miembros… hasta que la corrupción se hace demasiado grande para ocultarla.
En Guantánamo, como en el resto de la Isla, los cubanos ven día a día cómo los recursos y privilegios que deberían servir a la población terminan en manos de quienes deberían administrarlos con responsabilidad. Y mientras tanto, los ciudadanos comunes siguen pagando el precio de un régimen que protege a los suyos y castiga solo cuando la exposición es inevitable.
