El Tribunal Supremo Popular de Cuba hizo oficial este lunes las durísimas sentencias contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía, tras dos procesos separados que lo sentenciaron a cadena perpetua en uno y 20 años en el otro. Las causas, según la versión oficial, involucran delitos de “extrema gravedad” con impactos directos sobre la economía, la administración pública y la seguridad del Estado.
Las vistas orales se celebraron entre el 11 y 13 de noviembre, y del 26 al 29 del mismo mes. Gil, hasta hace poco una de las figuras más visibles dentro del gabinete de Díaz-Canel, recibió la sanción máxima en un expediente y 20 años de cárcel en el otro, junto con medidas accesorias que incluyen confiscación de bienes y prohibición de ejercer funciones públicas.
En el primer proceso, se le imputaron delitos que van desde espionaje y cohecho hasta violaciones continuadas de sellos y manejo indebido de documentos clasificados. La combinación de espionaje y acceso a información sensible justificó, según el Tribunal, la condena perpetua.
El segundo expediente se centró en acusaciones de falsificación de documentos, tráfico de influencias y evasión fiscal, delitos considerados continuados. Por este conjunto de ilícitos, el Tribunal le aplicó 20 años de prisión, además de sanciones accesorias similares a las del primer juicio.
La nota oficial asegura que Gil habría aprovechado su cargo para obtener beneficios personales, recibir dinero de empresas extranjeras y sobornar a funcionarios, además de incumplir protocolos de manejo de información clasificada y ponerla al alcance de “servicios enemigos”. El Tribunal calificó estas acciones como una degradación ética y política, recordando que la traición a la patria es el crimen más grave según la Constitución cubana.
El comunicado también señala que acusado y defensa reconocieron el cumplimiento de las garantías procesales, y que tanto él como la Fiscalía disponen de diez días para apelar. Incluso sin recursos, la ley obliga al Tribunal a revisar de oficio la cadena perpetua. Una vez concluidos los recursos, se establecerá la sanción definitiva conforme al Código Penal vigente.
La caída de Alejandro Gil comenzó a principios de 2024, cuando fue destituido sin explicación alguna, en medio de una crisis económica que evidenció la incapacidad del sistema castrista. Su juicio se convirtió en uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, recordando los juicios políticos de la era soviética, donde la acusación de “traición” servía de pretexto para sancionar a quienes se volvían incómodos ante la incompetencia del régimen.
En medio de este caso, queda la pregunta que muchos cubanos se hacen: ¿Gil fue realmente un corrupto que explotó el sistema, o simplemente otro chivo expiatorio del aparato político que mantiene al país al borde del colapso?
