El régimen cubano elevó finalmente a 44 las muertes por arbovirosis, aunque todo apunta a que la cifra real es mucho mayor. Fue la propia viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, quien salió en televisión para actualizar los datos que el Gobierno había estado escondiendo durante semanas, en medio del caos sanitario que azota al país.
Durante su intervención en la Revista Buenos Días, la funcionaria reconoció que entre las víctimas hay varios menores, algo que el régimen se resistía a admitir pese a las denuncias de familiares y médicos. Explicó que las causas de muerte se confirmaron tras semanas de demoras en los estudios virológicos, un retraso que ha sido constante durante toda la epidemia. Según dijo, el chikungunya se llevó a 28 personas, seis de ellas niños, mientras que el dengue provocó seis fallecimientos, incluidos dos menores.
La última vez que el Estado había dado cifras fue el 1º de diciembre, cuando anunció 33 muertes. Antes, en octubre, el MINSAP solo había aceptado tres fallecimientos por dengue, después de negar durante semanas el aumento de casos graves, sobre todo en Matanzas. Se trata del mismo patrón de siempre: ocultar, minimizar y culpar a otros mientras la población enfrenta la tragedia sin recursos ni información real.
Peña también afirmó que el país acumula más de 42 mil casos reportados de arbovirosis y que solo 1.460 se han confirmado por PCR. Sin embargo, reconoció que esas cifras no reflejan lo que está pasando en la calle, porque muchas personas ni siquiera llegan a los servicios médicos, o son atendidas cuando ya es demasiado tarde, debido al colapso del sistema de salud y a la falta de transporte, medicamentos y personal.
Aunque el Ministerio insiste en que la incidencia semanal ha bajado, el panorama sigue siendo devastador. Catorce provincias y casi medio centenar de municipios continúan con transmisión activa, con índices de infestación del Aedes aegypti que superan ampliamente el nivel considerado peligroso por los especialistas. Aun así, la viceministra prefirió enfocarse en pedir “autofocal” a las familias, como si la población fuera la culpable del brote, repitiendo el discurso acostumbrado del régimen.
En su intervención no hubo ni una palabra sobre los problemas reales: falta de insecticidas, escasez de combustible para fumigar, técnicos que no dan abasto, brigadas incompletas y equipos rotos. Eso lo cuentan los trabajadores del propio sistema sanitario, que llevan meses denunciando que no tienen cómo enfrentar la epidemia, pero sus declaraciones nunca forman parte de la versión oficial.
Mientras tanto, territorios como Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba, Villa Clara y Pinar del Río siguen siendo los más golpeados. Solo Matanzas muestra una leve mejoría tras cerrar un foco en Limonar, aunque la población asegura que la situación dista mucho de estar controlada.
La admisión del aumento de fallecidos llega después de semanas en las que el Gobierno intentó restarle gravedad al brote, limitando la información, echándole la culpa a la gente por no tapar depósitos de agua y escondiendo los datos más delicados. Pero los hospitales hablan por sí solos: sin pruebas, sin medicamentos, sin sueros y sin personal suficiente, la población enfrenta la epidemia prácticamente desamparada.
Lo que está ocurriendo con el dengue y el chikungunya es una muestra más del colapso total del sistema de salud cubano, ese mismo que durante décadas fue vendido como “potencia médica”. Hoy, bajo la presión de una epidemia que avanza sin freno, el mito se sigue derrumbando, y el costo lo pagan miles de familias en todo el país.
