El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba volvió a sacar músculo represivo con un paquete de condenas que van desde seis meses hasta dos años y medio de cárcel contra nueve personas acusadas de robos durante el paso del huracán Melissa. La noticia llega como parte de esos juicios relámpago con los que el régimen intenta demostrar eficiencia, aunque en la práctica solo evidencia su obsesión por castigar al pueblo mientras oculta su propia responsabilidad en la crisis.
Según la versión oficial publicada por el periódico gubernamental Sierra Maestra, los procesos —identificados como causas 159, 160 y 161 de 2025— apuntan a tres hechos distintos de hurto en la ciudad de Santiago de Cuba. El discurso, como siempre, intenta revestir estas condenas de solemnidad y ejemplaridad, pero evita morder la raíz del problema: la miseria creciente y el colapso del sistema.
En el primer caso, seis ciudadanos fueron arrestados de madrugada el 29 de octubre, después de entrar a la Fábrica Frank País García tras la caída de un muro y llevarse un saco enorme de barredura de harina, un producto destinado a animales, no a personas. No es casualidad que hasta algo tan básico termine siendo objeto de necesidad en un país donde la escasez ya es cotidiana. Agentes de la Brigada Especial los atraparon antes de escapar y ahora enfrentan condenas de entre seis y nueve meses de prisión.
Ese mismo día, casi al amanecer, otro episodio tuvo lugar en plena ciudad cuando dos hombres se apoderaron de un refrigerador expositor doble y dos neveras en la Carpa Alegrémonos. La prensa oficial ni siquiera explica cómo ocurrieron los hechos, un detalle cada vez más común en los informes del régimen. Uno de los acusados fue sorprendido empujando el refrigerador por la avenida José Martí, mientras las neveras aparecieron más tarde en la casa del otro. Las sentencias: dos años y seis meses para uno y dos años para el otro.
En un tercer proceso, un individuo recibió dos años de prisión por llevarse varias cajas y pomos de cerveza del almacén UEB 705 Aurora, también el 29 de octubre. La nota del tribunal vuelve a repetir la frase mágica del régimen para todo lo que no quiere explicar: “circunstancias no determinadas”.
A los implicados se les aplicó el agravante del artículo 80.1 del Código Penal, ese mismo que permite endurecer sanciones si el delito ocurre durante un desastre natural, aunque no exista evidencia de que la situación hubiera puesto en riesgo a alguien. La ley, como siempre, funciona perfecto cuando se trata de apretar al pueblo, no cuando se trata de exigir responsabilidades a quienes gobiernan.
Sierra Maestra, en su línea habitual, calificó a los acusados de “egoístas” e “insensibles”, insistiendo en que actuaron mientras “la mayoría de los santiagueros luchaba por salvar la vida”. Sin embargo, el tribunal reconoció que no hubo pérdidas económicas porque todos los bienes se recuperaron. Aun así, los imputados quedaron con prohibición de salir del país y privación de derechos, un castigo extra que el régimen usa como recordatorio de quién manda.
La Fiscalía Provincial ya había adelantado a inicios de diciembre que se avecinaban estos juicios. Alegaron que existían 15 procesos por supuestos “actos vandálicos”, desde robo de tejas y cables hasta electrodomésticos y alimentos, justo en medio de la devastación del huracán. Lo que no dicen es que la gente roba lo que necesita cuando vive en un país donde el Estado es incapaz de garantizar lo mínimo.
Mientras el Gobierno se dedica a moralizar y a repartir culpas, evita mencionar que el aumento del delito tiene una raíz clarísima: hambre, pobreza, salarios que no alcanzan y una economía destruida por años de mala gestión y corrupción.
El régimen insiste en acusar al pueblo de entorpecer la recuperación, pero es su propio desastre estructural el que ha dejado a Cuba sumida en una crisis interminable.
