María Victoria Gil, hermana del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, volvió a romper el silencio para explicar las consecuencias reales que deja la reciente condena a cadena perpetua contra su hermano. Lo hizo desde España, en una entrevista con CiberCuba, donde detalló la lista de bienes que el régimen pretende arrasar como parte del castigo.
La también abogada y expresentadora de televisión aseguró que las autoridades van a barrer con todo lo que puedan. Según relató, la casa de Miramar, la vivienda de la suegra y hasta el jeep destartalado de su sobrino ya están marcados para la confiscación, además de todas las cuentas bancarias familiares. Reconoció que ni siquiera sabe si el objetivo es congelarlas, quedarse con ellas o inspeccionarlas a fondo; el Gobierno no les ha comunicado nada con claridad, como si la familia no existiera.
Contó además que desde el exterior han tenido que recargarle el móvil a los sobrinos porque en Cuba apenas tienen lo que genera la cuenta nómina, lo cual deja en evidencia el nivel de precariedad que enfrentan ahora. Aun así, no descartó que el exministro tuviera cuentas fuera del país, pero dejó claro que no tiene pruebas y no piensa inventar lo que no sabe. Esa cautela suya contrasta con la opacidad del proceso judicial, que el régimen quiere manejar como un secreto de Estado.
Las declaraciones llegan a pocas jornadas de que el Tribunal Supremo Popular hiciera pública la condena más dura impuesta a un alto funcionario en décadas. La cadena perpetua, dictada bajo cargos de espionaje, corrupción y cohecho, huele más a escarmiento político que a justicia real, algo que la familia viene denunciando desde el inicio.
María Victoria reveló que la vivienda familiar original ya había sido entregada a terceros, y que lo que ahora pretenden confiscar dejará literalmente en la calle a su sobrina y a una niña de tres años. Lo dijo con indignación y cansancio, como quien sabe que en Cuba la ley se manipula según convenga al poder.
Pero el golpe más contundente lo lanzó al hablar del riesgo que corre su hermano dentro de prisión. Advirtió que si Alejandro Gil aparece muerto por un infarto o un supuesto suicidio, la responsabilidad será directa del régimen, porque, en sus palabras, “es una boca que hay que tapar”. La frase lo dice todo: la familia teme que el Gobierno quiera silenciar información comprometedora.
A pesar del cerco, no se han quedado quietos. Están preparando la apelación y, si no prospera, llevarán el caso ante instancias internacionales. El hijo de María Victoria, abogado radicado en Europa, liderará el proceso. Ella insiste en que esto no se ha terminado, y que agotarán todas las vías dentro y fuera de la isla para exponer la falta de garantías del juicio, especialmente en lo referente al supuesto espionaje, el cargo más oscuro y menos explicado de todo el expediente.
Mientras tanto, las redes sociales han encendido la polémica. La publicación de CiberCuba en Facebook generó un estallido de reacciones. Mucha gente expresó rechazo visceral hacia el exministro, otros descargaron frustraciones acumuladas durante años de crisis, y no faltaron quienes cuestionaron la actitud de la propia María Victoria. Entre comentarios indignados, burlas, deseos de ver a la familia “pasar trabajo” y acusaciones veladas, quedó claro que la figura de Alejandro Gil provoca una mezcla de rabia, escepticismo y desconfianza absoluta, reflejo del desgaste que ha causado el propio aparato estatal.
Algunos incluso insinuaron que la hermana estaba “chivateando” a su hermano, mientras otros vieron en sus declaraciones una advertencia abierta a la comunidad internacional sobre la falta de transparencia y garantías legales en Cuba. En cualquier caso, la conversación pública demuestra que este caso no es solo el desplome de un exministro, sino el retrato de un régimen que usa el poder judicial como herramienta política, con consecuencias que alcanzan a familias enteras.
