El régimen cubano volvió a mover las fichas de la economía, y esta vez lo hizo sin mucho maquillaje. Con el Decreto-Ley 113/2025 y un paquete de resoluciones del MEP y el Banco Central, el Gobierno abrió la puerta —ya sin disimulo— a transacciones internas en dólares y otras divisas. El sistema arranca el 17 de diciembre de 2025 y marca un giro que, aunque lo vendan como “temporal”, tiene sabor a cambio estructural profundo.
La Habana quiere convencernos de que no está dolarizando el país, pero el propio marco legal reconoce explícitamente la circulación del dólar y el euro dentro del territorio nacional. La jugada deja claro que el modelo monetario que tanto defendieron con el fallido “Ordenamiento” ya no aguanta ni una curita.
El ministro Joaquín Alonso intentó justificar la contradicción asegurando que el nuevo esquema “facilita las transacciones en divisas” y que esto, según él, no es construir capitalismo. La frase sonó más a chiste que a explicación, porque si algo deja en evidencia este decreto es el derrumbe rotundo del sistema que ellos mismos impusieron.
El cambio rompe de frente con aquel dogma de 2021 que proclamó al CUP como la única moneda válida para operar en Cuba. Ahora el propio Banco Central podrá reconocer oficialmente otras monedas como curso legal, y el MEP decide quién tiene permiso para moverse en dólares. La economía cubana se convierte oficialmente en un club exclusivo donde solo entra quien el Gobierno autorice.
Uno de los pilares de este nuevo esquema es la llamada Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa, la famosa ACAD. Este mecanismo permitirá que ciertos actores compren divisas directamente al Estado usando pesos cubanos, siempre que “la caja central” tenga fondos. Así, de manera elegante, el régimen crea un sistema de racionamiento de dólares controlado a nivel ministerial, donde cada autorización es un privilegio político.
La ACAD viene a reemplazar las antiguas cuentas con “capacidad de liquidez” y está diseñada para empresas y personas que no generan divisas, pero las necesitan para mantenerse vivas dentro de este modelo improvisado. En resumen, otra forma de administrar la escasez con sello burocrático y discrecional.
El Gobierno también abrió el camino para que actores no estatales tengan cuentas bancarias en divisas. Mipymes, cooperativas, cuentapropistas, creadores, productores y hasta particulares podrán gestionar ingresos provenientes del exterior o de operaciones en MLC. Pero nada de entusiasmo: todo estará monitoreado, intervenido y aprobado por el Banco Central y el MEP, que seguirán cortando y repartiendo la moneda dura según convenga.
Y mientras autorizan cuentas en dólares, también se quedan con una parte. Las entidades solo podrán retener hasta un 80 % de sus ingresos en divisas; el 20 % restante va obligado para las arcas del Estado, convertido a CUP a la tasa oficial, esa misma tasa ficticia que pocos creen. Para ciertos ingresos permitirán retener el 100 %, pero siempre bajo su lupa y con la eterna muela del “plan económico”.
Con el decreto también se legalizan los pagos internos en dólares, ya sea en Mariel, en el comercio en divisas o en transacciones entre exportadores y proveedores nacionales. Esta movida confirma lo que el cubano de a pie lleva años sintiendo: Cuba ya es una economía partida en dos, donde quien no tenga acceso a dólares queda condenado a sobrevivir en el universo paralelo del CUP, un dinero cada vez más inútil.
Para justificar la contradicción ideológica, las autoridades repiten el cuento de que todo esto es “temporal” y que el objetivo final es volver a un sistema en el que el peso cubano sea el centro del universo monetario. Es un discurso vacío, porque el decreto no fija plazos ni condiciones para revertir nada. Es evidente que la coexistencia de monedas llegó para quedarse.
La realidad es dura: Cuba institucionaliza la dolarización que antes fingía combatir. No solo la admite, sino que la administra, la regula y la convierte en otro instrumento de control político y económico. El Estado se reserva el timón del acceso a la moneda dura, mientras el CUP queda relegado a las operaciones menores del día a día.
El impacto es claro. A partir de ahora, solo quienes tengan acceso autorizado a divisas podrán competir, importar y mantenerse a flote. Las Mipymes sin dólares, los emprendedores sin conexiones y los ciudadanos de a pie quedan atrapados en la zona pobre de la economía, condenados a trabajar con un peso que no vale ni la tinta con la que lo imprimen.
El Decreto-Ley 113/2025 no es una reforma. Es un reconocimiento del fracaso. Y bajo la excusa de “ordenar”, el régimen termina oficializando la desigualdad económica que él mismo generó.
Cuba entra en una etapa donde el dólar manda, pero manda bajo control del mismo poder que destruyó la economía nacional. Y como siempre, los grandes perdedores son los cubanos que no tienen padrinos ni acceso a los círculos donde realmente se decide el futuro del país.
