La cancelación del programa de parole de reunificación familiar para Cuba vuelve a cerrar una de las pocas rendijas legales que tenían miles de familias separadas por la migración y por décadas de desastre político. El abogado Willy Allen, una de las voces más autorizadas en materia migratoria en Florida, fue claro y sin rodeos al explicar quiénes pagan el precio de esta decisión.
Según Allen, los más afectados son los cubanos que permanecen en la Isla esperando su visa, especialmente aquellos con peticiones familiares hechas por residentes permanentes. En ese grupo entran cónyuges, hijos menores, hijos mayores solteros, hijos casados y hermanos. Es decir, el núcleo duro de la reunificación familiar que llevaba años apostando a ese programa como única tabla de salvación.
En contraste, el abogado precisó que no se verán afectados los casos presentados por ciudadanos estadounidenses a favor de cónyuges, prometidos, hijos menores o padres. La razón es simple y técnica: esas categorías son consideradas visas inmediatas y nunca formaron parte del programa de reunificación familiar cubano.
Allen también aclaró un punto clave para quienes ya lograron llegar. Los cubanos que entraron a Estados Unidos bajo este programa no corren ningún riesgo migratorio, ya que están protegidos por la Ley de Ajuste Cubano. El problema, subrayó, es para quienes se quedaron atrás. “Se quedan sin esperanza de saltar el número que tenían”, resumió, en una frase que dice más que cualquier comunicado oficial.
La decisión fue anunciada el viernes por la administración de Donald Trump, que eliminó el parole de reunificación no solo para Cuba, sino también para Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. En el caso cubano, el impacto es especialmente doloroso porque este programa había sido una válvula de escape frente a los plazos interminables del sistema consular.
El Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano, conocido como CFRP, fue creado en 2007 bajo el gobierno de George W. Bush. Permitía que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes solicitaran un parole para traer a sus familiares desde Cuba antes de que la visa estuviera disponible, evitando esperas de una década o más. Una vez en suelo estadounidense, los cubanos podían acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y regularizar su estatus.
Ahora esa vía queda enterrada. El abogado de inmigración Mayron Gallardo confirmó que las peticiones familiares I-130 no se cancelan y seguirán su curso normal, pero el golpe está en otro lado. Lo que desaparece es la posibilidad de entrar primero y esperar después. Sin el parole, las familias quedan atrapadas en el calendario burocrático, ese que no entiende de apagones, represión ni hambre.
En la práctica, la medida condena a miles de cubanos a seguir esperando en Cuba, un país en colapso, sin fechas claras y con procesos que pueden tardar años. Otra vez, la migración legal se vuelve un privilegio lejano y la reunificación familiar queda reducida a una promesa congelada.
Mientras tanto, el régimen cubano seguirá usando la emigración como válvula de escape y propaganda, y Estados Unidos endurece reglas sin distinguir contextos. En medio quedan las familias, separadas, cansadas y, ahora, con una puerta menos.
