Otro arresto en Florida vuelve a poner el foco sobre un problema que las autoridades aseguran estar enfrentando con mayor dureza: extranjeros con historial criminal que permanecen en Estados Unidos pese a tener órdenes de deportación desde hace años. Esta vez, el caso involucra a un ciudadano cubano detenido en West Palm Beach.
Según confirmaron fuentes oficiales, el hombre había recibido una orden formal de deportación hace 25 años, específicamente en el año 2000. Aun así, logró permanecer en el país durante más de dos décadas mientras acumulaba un historial delictivo considerable.
La detención fue anunciada por Jeffrey Dinise, jefe del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quien no ocultó la gravedad del caso. De acuerdo con sus declaraciones, el individuo se encontraba ilegalmente en el país y continuó cometiendo delitos graves sin que la orden de deportación se hiciera efectiva.
Dinise explicó en la red social X que agentes de la estación de West Palm Beach, trabajando en conjunto con la Patrulla de Carreteras de Florida, lograron finalmente arrestar al cubano, al que describió como un “criminal reincidente”.
El expediente del detenido incluye cargos por robo con fuerza, asalto y agresión, además de la sustracción de más de 100 mil dólares y un delito especialmente alarmante: el secuestro de un menor. Un historial que, según las autoridades, representa un riesgo directo para la seguridad pública.
Lo más llamativo del caso es que, pese a haber sido ordenado a abandonar Estados Unidos hace un cuarto de siglo, el hombre no solo permaneció en el país, sino que continuó violando la ley durante años, sin que su estatus migratorio fuera resuelto.
Aunque las autoridades no revelaron su identidad, sí difundieron su imagen como parte de una estrategia de “tolerancia cero” contra extranjeros con antecedentes penales. El mensaje es claro: mostrar públicamente estos casos para reforzar la percepción de que se están tomando medidas más severas.
“Las alianzas entre agencias federales, estatales y locales son fuertes. La actividad ilegal no será tolerada”, afirmó Dinise, subrayando que estos operativos buscan retirar de las calles a personas consideradas peligrosas y devolver una sensación de seguridad a las comunidades.
Este arresto no ocurre de manera aislada. Apenas días antes, la Patrulla Fronteriza informó sobre la detención en el sur de Florida de una ciudadana cubana condenada por homicidio involuntario, quien había cumplido 15 años en prisión estatal y también había evadido una orden de deportación.
Ambos casos han sido utilizados por las autoridades como ejemplos del endurecimiento de las políticas migratorias frente a extranjeros con historial criminal, especialmente aquellos que lograron permanecer en el país durante años sin regularizar su situación.
Estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional y ejecutada junto a ICE y otras agencias federales, en un contexto de mayor presión migratoria y aplicación estricta de las leyes existentes.
En un estado como Florida, marcado recientemente por crisis, emergencias y una alta presencia de comunidades inmigrantes, las autoridades insisten en que reforzar la seguridad es una prioridad. Casos como este alimentan el debate sobre cómo falló el sistema durante décadas y por qué personas con órdenes de deportación pendientes lograron quedarse tanto tiempo.
El mensaje oficial es contundente: las deportaciones pendientes no se olvidan y, tarde o temprano, pueden ejecutarse, especialmente cuando se trata de individuos con antecedentes penales graves.
