El Gobierno cubano anunció el cierre parcial o total de decenas de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como parte del llamado «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», en un contexto marcado por el deterioro general de la actividad productiva y una relación cada vez más tensa entre el Estado y la iniciativa privada.
El primer ministro Manuel Marrero informó en la Asamblea Nacional que, dentro del proceso de «redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económicos», se realizaron comprobaciones a entidades que se declararon en pérdidas.
De un total de 869 entidades revisadas, el 87 % mantenía esa condición, lo que llevó al cierre parcial o total de 65 de ellas.
Según Marrero Cruz, entre las causas detectadas figuran la falta de sistemas contables adecuados, la omisión en el registro de ingresos y gastos, así como deficiencias en la contabilidad.
Estas irregularidades fueron utilizadas como fundamento para las decisiones de cierre, que impactan directamente en un sector que, desde su legalización en 2021, se ha convertido en uno de los más dinámicos de la economía cubana.
Durante su intervención, el jefe de Gobierno detalló que en el año se constituyeron 77 nuevas mipymes estatales, con lo que el total de estas entidades ascendió a 330.
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En paralelo, se registraron 816 mipymes privadas, alcanzando la cifra de 11 866 en todo el país, además de dos cooperativas no agropecuarias que elevaron a 73 el total de estas formas de gestión.
No obstante, subrayó que «continúan las acciones para el ordenamiento de sus objetos sociales», una formulación que en la práctica se ha traducido en mayores controles y revisiones.
Marrero también informó sobre la aprobación del ordenamiento del comercio mayorista para los actores económicos no estatales, una medida que elimina la obligación de realizar operaciones mayoristas exclusivamente a través de entidades estatales.
Sin embargo, reconoció que la descentralización de la facultad para aprobar la creación de mipymes privadas y cooperativas no agropecuarias avanza lentamente.
Hasta el momento, esa atribución solo se ha otorgado a 65 municipios, lo que limita la expansión del sector en el resto del país.
En ese contexto, el primer ministro señaló que se aplicó una metodología para el control y apoyo a las entidades en pérdidas, aunque los resultados muestran que la mayoría de las comprobadas no logró revertir su situación.
Como respuesta, el Gobierno optó por el cierre de varias de ellas, una decisión que contrasta con el discurso oficial sobre la necesidad de «reimpulsar» la economía.
De acuerdo con el reporte del diario Granma, dentro del Objetivo 4 del Programa del Gobierno, orientado al redimensionamiento y la gestión de la empresa estatal y los demás actores económicos, también se anunció la creación del Instituto Nacional para la Administración -o Activos- de Empresas Estatales, cuya estructura y plantilla se encuentran en proceso de conformación.
Esta nueva entidad refuerza el énfasis gubernamental en el sector estatal, incluso cuando las mipymes privadas han asumido un papel clave en el abastecimiento de bienes y servicios que el Estado no logra garantizar.
Marrero defendió además un Decreto Ley para implementar nuevas modalidades de negocios entre personas jurídicas estatales y privadas nacionales.
Entre estas figuras mencionó contratos de franquicia, la participación de nacionales con capacidades financieras en encadenamientos productivos, y la adquisición por empresas estatales de participaciones en sociedades de responsabilidad limitada privadas.
Estas propuestas fueron presentadas como una vía para «revertir la situación», aunque se enmarcan en un esquema donde el Estado mantiene el control decisivo.
El retroceso del sector privado contrasta con datos oficiales divulgados meses atrás por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
En agosto, la entidad publicó un informe preliminar del sistema empresarial y presupuestado correspondiente al primer semestre de 2025, que excluía expresamente a las mipymes y cooperativas.
Ese reporte mostraba un ligero aumento del universo de entidades registradas, con crecimiento en el sector empresarial estatal y una reducción en el presupuestado, así como una disminución del número de entidades con pérdidas y una leve mejora en los indicadores de eficiencia económica.
La exclusión de las mipymes de ese análisis fue interpretada por analistas como una señal del lugar secundario que el Gobierno concede al sector privado, pese a su peso real en la economía cotidiana.
Desde hace meses, voces académicas y estudios independientes han advertido sobre la ambivalencia oficial hacia los emprendedores, a los que el régimen considera un mal necesario, un recurso tolerado, pero no deseado.
Investigaciones citadas en reportes previos subrayan que, aunque las mipymes han permitido una cierta oxigenación económica y el acceso a alimentos, insumos y productos básicos, las autoridades continúan mostrando desconfianza hacia estos actores.
Regulaciones cambiantes, trabas burocráticas y controles constantes han marcado su funcionamiento, incluso cuando más de 11,000 empresas privadas se han registrado desde su legalización.
En la práctica, el cierre de decenas de mipymes y el énfasis en el fortalecimiento del aparato estatal refuerzan la percepción de que la iniciativa privada es aceptada solo de manera limitada y condicionada.
Mientras el Gobierno reconoce su utilidad en medio de la crisis, mantiene un enfoque de supervisión y restricción que afecta directamente la capacidad de estos negocios para consolidarse y contribuir de forma sostenida a la recuperación económica del país.
