La llegada de Oscar Pérez-Oliva Fraga a la Asamblea Nacional del Poder Popular no es un simple movimiento administrativo. Es una jugada política bien calculada dentro del engranaje del poder cubano. Con este nombramiento, el alto funcionario cumple el requisito constitucional clave para aspirar a la Presidencia, dejando claro que su ascenso no es casual ni improvisado, sino parte de un guion escrito desde arriba.
Con 54 años y sin pasar por una elección real, Pérez-Oliva Fraga ocupa un escaño por el municipio de Marianao, tras cubrir una vacante decidida a puerta cerrada. Nada de competencia, nada de debate ciudadano. Así funciona el sistema: cargos que se asignan, no que se disputan. Su entrada al Parlamento llega apenas meses después de una seguidilla de promociones dentro del Ejecutivo, reflejo del método habitual del régimen para redistribuir poder entre los suyos.
En la Cuba actual, donde el Partido Comunista lo controla todo, la Asamblea no decide, solo valida. Es el escenario donde se legalizan acuerdos tomados en otros salones, lejos del pueblo. Por eso, el ingreso de Pérez-Oliva Fraga no amplía derechos ni participación, pero sí lo habilita jurídicamente para escalar hasta la jefatura del Estado.
El apellido pesa, y mucho. Pérez-Oliva Fraga es nieto de Ángela Castro, hermana de Fidel y Raúl, e hijo de Mirsa Fraga Castro, lo que lo conecta directamente con el corazón histórico del poder. A ese árbol genealógico se suma su vínculo con José Antonio Fraga Castro, exjefe de LABIOFAM, pieza clave del entramado económico estatal. En Cuba, los apellidos siguen abriendo más puertas que los resultados.
Lejos de una renovación auténtica, este movimiento confirma que el poder continúa circulando dentro del mismo círculo familiar, mientras el país se hunde. Sectores estratégicos como la biotecnología y la industria farmacéutica, vendidos durante años como salvación económica, permanecen bajo control de figuras conectadas a ese núcleo privilegiado.
Desde 2023, su carrera política tomó velocidad, sobre todo tras la salida de escena de Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, quien concentraba buena parte del poder económico. Desde entonces, Pérez-Oliva Fraga ha ido sumando cargos como quien colecciona credenciales: viceministro, ministro, viceprimer ministro y ahora diputado. Todo rápido. Todo sin rendir cuentas.
Pero los resultados no acompañan el currículum. Bajo su gestión, la inversión extranjera sigue en el piso, los trámites continúan siendo un pantano burocrático y la opacidad espanta a cualquier inversor serio. La economía no despega y el discurso oficial ya no convence ni a los propios.
La Zona Especial de Desarrollo Mariel, presentada durante años como la joya de la corona, sigue estancada. Más de una década después, los proyectos avanzan a paso de tortuga y el impacto real es mínimo. Hoy, ese fracaso vuelve a quedar bajo la supervisión de un funcionario que no ha demostrado capacidad para cambiar el rumbo.
Retrasos en contenedores, falta de liquidez, reglas poco claras y cero incentivos reales mantienen viva la crisis. Y desde el ministerio que dirigió, no hubo reformas profundas ni señales de ruptura con el modelo fallido.
Que ahora cumpla los requisitos legales para aspirar a la Presidencia no despeja dudas; las multiplica. El problema no es la ley, es el sistema, que premia la lealtad y el linaje por encima de la eficacia. En medio del colapso económico y el cansancio social, su proyección política parece más continuidad que cambio.
En un país que necesita transformaciones urgentes, acumular cargos y apellidos no reemplaza los resultados. La verdadera pregunta no es si puede aspirar al cargo, sino si Cuba seguirá atrapada en un modelo donde el poder nunca rinde cuentas y el futuro siempre se parece demasiado al pasado.
