El Tribunal Municipal Popular de Holguín volvió a recurrir al viejo libreto del escarmiento público al celebrar un juicio oral calificado como “ejemplarizante” por la presunta apropiación indebida y receptación de miles de toneladas de harina de soya, un producto clave en medio de la escasez que golpea a la población cubana.
Según la información divulgada por el Tribunal Provincial de Holguín, el proceso se tramitó bajo la Circular 206 de 2003 del Tribunal Supremo Popular, una norma que suele activarse cuando el régimen quiere mandar un mensaje rápido, duro y visible. El caso está vinculado al Expediente 29 de 2023 de la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones.
Los hechos, siempre según la versión oficial, ocurrieron el 10 de enero de 2024, cuando un camión con matrícula B 088831, perteneciente a la Empresa de Construcciones Militares número 2 de Holguín, transportaba una carga desde Santiago de Cuba hacia la Fábrica de Piensos del territorio. La misión del chofer era clara: custodiar la mercancía y llegar al destino asignado.
Sin embargo, el relato estatal asegura que el conductor, en coordinación con otros tres ciudadanos, decidió desviarse del camino y dirigirse a una vivienda en el Cruce del Coco, en el propio municipio Holguín. Allí comenzaron a descargar la carga sobre un toldo improvisado, hasta que un operativo policial interrumpió la escena.
De acuerdo con la nota, fueron descargadas 4,380 toneladas de harina de soya y 33 sacos adicionales, mientras que en el camión quedaron 4,560 toneladas más, ocupadas durante la intervención. Los implicados fueron detenidos en el lugar, sin margen para escapar ni negociar.
El tribunal se apresuró a aclarar que el juicio se realizó “respetando las garantías jurídicas y procesales”, una frase que se repite como mantra en cada proceso de este tipo, aunque rara vez despeja las dudas sobre la selectividad de la justicia en Cuba.
Tres de los acusados recibieron sanciones por apropiación indebida, con penas que oscilan entre tres y ocho años de prisión, mientras que un cuarto fue condenado por receptación, con un castigo menor. La sentencia, como es habitual, puede ser apelada ante el Tribunal Provincial, aunque el desenlace suele estar cantado.
La publicación oficial insiste en que este tipo de juicios cumple una función “profiláctica y preventiva”, destinada a frenar un supuesto “flagelo” que afecta a la familia y la comunidad. Pero en la calle, muchos cubanos leen otra cosa entre líneas: castigos rápidos para los de abajo, silencio absoluto para los grandes responsables del desabastecimiento.
No es un caso aislado. En Santiago de Cuba, hace apenas semanas, se celebró otro juicio ejemplarizante contra ciudadanos acusados de robos durante el paso del huracán Melissa. Las condenas, de hasta dos años y medio de cárcel, cayeron sobre personas que intentaron llevarse alimentos para animales de una fábrica dañada, mientras el país seguía a oscuras y con hambre.
Una vez más, el régimen exhibe mano dura cuando se trata de sobrevivir fuera del sistema, pero guarda cautela cuando el desfalco ocurre desde arriba, entre empresas militares, cadenas estatales y estructuras intocables. La justicia cubana no persigue el hambre: castiga a quien intenta escapar de ella.
