La historia de Dariannis Silvera, una mujer de 37 años, estremece por lo que revela y, sobre todo, por lo que desnuda. Según denunció el padre de sus seis hijos, Lázaro Junier del Castillo, la mujer ha intentado causarles daños graves desde que ambos pusieron fin a su relación. Los menores, afirma, viven atrapados en un ambiente de violencia constante, sin que ninguna institución del Estado haga lo mínimo para protegerlos.
El drama ocurre en el albergue “Solidaridad”, en Arroyo Naranjo, La Habana, un sitio que de solidario solo tiene el nombre. Allí, esta familia lleva siete años sobreviviendo en condiciones precarias, junto a más de medio centenar de niños, algunos de los cuales han pasado una década entera esperando una vivienda que nunca llega. Es el limbo habitual al que el régimen condena a los más vulnerables.
El lugar es inseguro, el agua potable escasea por la rotura de un motor y el hacinamiento agrava tensiones que nadie atiende. En medio de ese panorama, la violencia doméstica ha ido escalando sin freno. Del Castillo, de 38 años, es quien carga con la crianza de los seis menores, entre ellos un adolescente con discapacidad intelectual y un niño pequeño con sordera. Aun así, dice sentirse completamente solo frente al abandono institucional.
“He ido al gobierno, he hablado con todo el mundo y nadie me resuelve nada”, contó con frustración. Según relata, ninguna autoridad se ha presentado siquiera para preguntar qué está pasando, como si la vida de esos niños no mereciera ni una visita.
Desde hace tres meses, la situación se volvió aún más peligrosa. El padre asegura que la madre ha amenazado reiteradamente a los menores y que en una ocasión intentó atacarlos con un cuchillo. Fue el hijo mayor quien evitó una tragedia al desarmarla. En otro episodio, la mujer les lanzó agua caliente. Los niños viven con miedo dentro de un lugar que supuestamente debería protegerlos.
Ante estos hechos, Del Castillo presentó una denuncia en septiembre en la unidad policial de El Capri. Tiene número, tiene fecha y tiene pruebas. Lo que no tiene es respuesta. Ni la policía, ni la dirección de Menores, ni ninguna instancia estatal ha actuado. “Aquí hasta que no se muera un niño no va a pasar nada”, dijo, con una mezcla de rabia y desesperación que resulta imposible ignorar.
El silencio es total. Incluso intentos de la prensa por obtener información oficial chocaron con el muro habitual: nadie responde, nadie explica, nadie asume responsabilidad. El Estado cubano vuelve a fallar donde más debería estar presente.
La situación empeoró aún más el pasado fin de semana, cuando Silvera intentó quitarse la vida tras amenazar con lanzarse desde el tercer piso del albergue. Fue trasladada al hospital Julio Trigo, pero allí la realidad fue igual de cruda. Según el padre, una doctora le informó que no había medicamentos disponibles para tratarla y que debían llevarlos desde la casa. Un hospital sin medicinas, en pleno 2025, ya no sorprende a nadie en Cuba.
Para colmo, Del Castillo recibió mensajes de texto de la mujer anunciando que pensaba escapar del hospital y regresar al albergue. Él teme que vuelva en un estado aún más alterado. Reconoce que ella atraviesa una crisis depresiva, pero insiste en que los niños no pueden seguir expuestos a ese peligro constante.
Por eso ha solicitado la custodia legal de los menores. No como un capricho, sino como un acto de supervivencia. “Ellos no tienen a nadie más”, afirmó. Y en esa frase se resume todo: seis niños desprotegidos, un padre desesperado y un sistema que solo reacciona cuando ya es demasiado tarde.
