La Policía Nacional Revolucionaria anunció con bombo y platillo la “recuperación” de 14 colchones que estaban destinados a familias afectadas por el huracán Melissa en Guantánamo. Los colchones habían sido sustraídos de un almacén perteneciente a la Dirección Municipal de Educación en Niceto Pérez, un detalle que ya dice bastante sobre cómo se maneja la ayuda en Cuba.
Según informó Radio Guantánamo, el hallazgo se produjo tras un operativo realizado en una vivienda ubicada en pleno centro de la ciudad, en la intersección de Moncada y Emilio Giro. La información original fue difundida días antes por el perfil oficialista Guantánamo y su Verdad, vinculado directamente al Ministerio del Interior, que como de costumbre mostró solo la parte conveniente del cuento.
Durante el registro, además de los colchones, las autoridades ocuparon lápices, un toldo y otros materiales escolares. También se confirmó la detención de varias personas presuntamente relacionadas con el robo, mientras la investigación sigue “abierta”, una frase que en Cuba suele significar que la verdad completa jamás verá la luz.
Lo que no explicó el Minint es lo más importante: cómo fue posible que una ayuda destinada a damnificados terminara guardada, robada y escondida en una casa particular. Tampoco dijeron quién era responsable de custodiar el almacén ni cuándo, finalmente, recibirán los colchones las familias que siguen durmiendo en el suelo desde el paso del huracán.
En redes sociales, la reacción fue inmediata y contundente. Más allá del hecho policial, muchos guantanameros apuntaron al verdadero problema: la lentitud, el descontrol y el desvío sistemático de recursos que caracteriza la gestión estatal. Para la gente, este no es un simple robo, sino otra muestra de un sistema podrido donde la ayuda humanitaria se pierde antes de llegar a su destino.
Y no es la primera vez. En noviembre ya había salido a la luz que en Guantánamo se estaban entregando colchones donados de forma gratuita, mientras al mismo tiempo se vendían miles de colchones de la reserva estatal a precios que superaban los 3.700 pesos, incluso a personas afectadas por el propio huracán Melissa. Ayuda por un lado, negocio por el otro.
Ante el escándalo y las críticas, Miguel Díaz-Canel pidió a la población ejercer “control popular” sobre la entrega de donaciones, una frase que suena más a burla que a solución. El mismo Estado que acapara todo ahora le pasa la responsabilidad al pueblo, como si los ciudadanos fueran los culpables del robo, la corrupción y el desorden institucional.
Este episodio deja claro que el problema no son solo quienes se roban los colchones, sino un sistema que permite, encubre y normaliza estos abusos. Mientras las autoridades celebran la recuperación de 14 colchones, decenas de familias siguen esperando una ayuda que debió llegar hace meses.
