El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, salió al paso de las críticas y defendió con firmeza la política de denegar o revocar visas a personas cuyas acciones, según explicó, puedan afectar los intereses o la seguridad nacional del país. Para Rubio, el asunto no admite romanticismos: una visa no es un derecho adquirido, es un permiso temporal para visitantes.
Durante una rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense dejó claro que esta línea de acción no es improvisada. Dijo que forma parte de una directriz recibida desde el inicio del mandato presidencial y que, además, fue uno de los ejes que motivaron la campaña electoral. En otras palabras, esto no es un giro inesperado, es una política anunciada y asumida.
Rubio explicó que el proceso de visados contempla la posibilidad de negar la entrada a personas por actividades realizadas fuera de Estados Unidos. Y fue más allá: sostuvo que, en determinados casos, la ley no solo les permite actuar, sino que incluso les impone la obligación de retirar a esas personas del país. “Vamos a seguir haciéndolo”, afirmó sin rodeos, dejando claro que no habrá excepciones por presión mediática o conveniencia política.
Para ilustrar su punto, puso un ejemplo sencillo. Alguien puede ingresar al país con una visa de estudiante, pero si una vez dentro se involucra en actividades delictivas, la consecuencia es directa: expulsión inmediata. Sin matices ni vueltas innecesarias.
Rubio recordó que todos los días, en embajadas de todo el mundo, se niegan visas. Personas asisten a entrevistas consulares y el resultado puede ser negativo por lo que refleje el expediente o por lo que salga a relucir en la conversación. “Sea lo que sea”, insistió, subrayando que el sistema funciona con criterios de evaluación y no por compasión.
Desde esa lógica, defendió que si el gobierno estadounidense tiene la potestad de negar una visa antes de concederla, con mucha más razón puede revocarla después, si el beneficiario viola las condiciones bajo las cuales fue admitido. Para Rubio, la coherencia legal es incuestionable.
El secretario concluyó señalando que existen múltiples razones para negar o retirar visados, pero que todas convergen en un mismo punto: proteger los intereses nacionales y la seguridad de Estados Unidos. Un mensaje que contrasta con la falta de transparencia y arbitrariedad que impera en regímenes como el cubano, donde se prohíbe salir del país o regresar a él sin explicación alguna.
En paralelo, el gobierno estadounidense anunció la suspensión inmediata del programa de Lotería de Visas de Diversidad (DV1), luego de confirmarse que el autor del tiroteo en la Universidad de Brown, Claudio Manuel Neves Valente, había ingresado al país en 2017 mediante ese mecanismo.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue tajante al justificar la decisión. Aseguró que, bajo su dirección, ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración pausar el programa para evitar que “otro estadounidense resulte perjudicado por un sistema fallido”. Según las autoridades, Neves Valente obtuvo la residencia permanente tras ingresar con una visa de diversidad.
La suspensión del programa tendrá consecuencias inmediatas. Miles de solicitantes en todo el mundo, incluidos numerosos cubanos, verán truncadas sus aspiraciones de emigrar legalmente a Estados Unidos por esa vía. Una noticia dura, pero que llega acompañada de una explicación clara, algo que brilla por su ausencia en Cuba, donde las decisiones que afectan la vida de la gente se toman en silencio y sin rendir cuentas.
