La muerte de Popó, una joven trans cubana, ha dejado al descubierto una realidad brutal que el régimen prefiere ignorar: la falta absoluta de protección sanitaria y legal empuja a personas vulnerables a prácticas clandestinas que terminan en tragedia. Su familia, destrozada, exige justicia y respuestas para evitar que más vidas se pierdan en el mismo camino.
Popó, natural de Matanzas, falleció el pasado 18 de diciembre tras permanecer 11 días ingresada en el Hospital Faustino Pérez. La causa fue devastadora: una embolia pulmonar seguida de un paro cardíaco, provocados por la inyección de silicona industrial en un procedimiento estético ilegal realizado en La Habana.
Según relató una prima de la joven, Popó adquirió en la capital un producto identificado como silicona líquida de uso industrial y contactó a una persona para que se la inyectara en los glúteos. No hubo clínica, no hubo médicos, no hubo controles, solo improvisación, riesgo y un sistema que mira para otro lado.
Hasta hoy, nadie ha sido identificado como responsable del procedimiento. La familia denuncia el silencio institucional y la falta de investigación real. “No tenemos culpables, no sabemos quién fue. Nadie nos da respuesta”, lamentó la familiar, quien pide que las autoridades actúen antes de que ocurra otra muerte evitable.
Las imágenes entregadas por la familia muestran un frasco de un litro de Silicona 350 CP, un producto fabricado exclusivamente para uso industrial. La propia etiqueta especifica que se emplea en lubricación técnica, equipos eléctricos y plásticos, y advierte que cualquier exposición requiere atención médica inmediata. Aun así, este producto se estaría vendiendo en La Habana para cirugías estéticas clandestinas.
“Ese producto lo están usando con chicas trans”, alertó la prima de Popó. Una frase que pesa como una denuncia directa contra un Estado que no garantiza acceso a procedimientos médicos seguros ni regula un mercado ilegal que se mueve con total impunidad.
El deterioro de Popó fue rápido y cruel. Tras la inyección, comenzó a presentar complicaciones graves. Llegó al hospital escupiendo sangre, con dificultad respiratoria extrema y fue ingresada primero en terapia intermedia. Nueve días después sufrió una hemorragia pulmonar que la llevó a terapia intensiva. Sus pulmones colapsaron y, finalmente, su corazón también.
“Exigimos justicia. Queremos saber quién hizo esto para que no muera más nadie”, suplicó la familiar. El clamor no es solo por Popó, sino por todas las personas trans que, ante la falta de alternativas médicas reales, se ven forzadas a jugarse la vida en procedimientos ilegales.
La muerte de la joven ha sacudido a la comunidad LGBTI en Cuba, especialmente a las personas trans, que denuncian no solo al responsable directo, sino a un sistema que las abandona. Activistas han señalado que este caso refleja violencia estructural, exclusión sanitaria y negligencia estatal, una combinación letal que sigue cobrando víctimas.
“La mató quien le hizo el procedimiento, pero también la mató la falta de acceso a salud en Cuba”, expresó la activista Mónica King. Una verdad incómoda para un régimen que se llena la boca hablando de derechos, mientras deja a los más vulnerables sin protección, sin opciones y sin justicia.
