El condado de Miami-Dade decidió pasar de las advertencias a los hechos y canceló las licencias comerciales de 20 negocios que no lograron demostrar autorización federal para operar con Cuba. La medida marca un endurecimiento claro contra quienes, desde el sur de la Florida, siguen haciendo negocios que terminan oxigenando al régimen cubano.
La acción fue confirmada por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, quien explicó que su oficina inició una revisión amplia tras detectar posibles violaciones de las leyes federales que regulan el comercio con la Isla. No fue un operativo improvisado ni una cacería política, sino un proceso administrativo con avisos formales y plazos claros.
Según informó Telemundo 51, 75 empresas fueron notificadas y se les exigió presentar documentos que acreditaran permisos válidos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y de la Oficina de Industria y Seguridad. De ese grupo, 48 lograron justificar sus operaciones y despejar cualquier sospecha. El resto, simplemente, no respondió o no pudo probar que actuaba dentro de la ley.
Tras una segunda advertencia enviada el 25 de noviembre de 2025, el condado dio por sentado el incumplimiento y procedió a revocar el Impuesto Local para Negocios, dejando a esas empresas fuera del marco legal para operar en Miami-Dade. La revocación entra en vigor de inmediato y abre la puerta a sanciones adicionales si alguna intenta seguir funcionando por la izquierda.
Entre las entidades afectadas hay agencias de viajes, compañías de envíos, firmas de logística y negocios multiservicios, varios con más de una sede. Nombres conocidos dentro del ecosistema de envíos a Cuba, viajes “humanitarios” y trámites exprés quedaron de pronto sin amparo legal, en un golpe directo a un negocio que durante años se movió entre la permisividad y las zonas grises.
Fernández fue tajante al explicar el fundamento de la medida. La legislación estatal y local, recordó, autoriza al condado a negar o cancelar licencias a cualquier empresa que mantenga relaciones comerciales con Cuba violando la ley federal. Y dejó claro que Miami-Dade no piensa mirar para otro lado.
“Este condado no será una plataforma para financiar ni sostener al régimen cubano”, afirmó el funcionario, subrayando que su historia personal como emigrante cubano refuerza su compromiso con el cumplimiento estricto de la ley. No es solo un asunto legal, es también una posición moral frente a una dictadura que vive del dinero que le entra desde fuera.
Lejos de cerrar el capítulo, Fernández adelantó que las investigaciones continúan y que otras empresas podrían enfrentar medidas similares en las próximas semanas. El mensaje es claro: quien siga jugando a dos bandos, se expone a quedarse sin negocio.
La decisión no cayó del cielo. Ya en septiembre, el recaudador había lanzado una advertencia directa a las compañías que comercian con el régimen, recordando que la ley de Florida es explícita y que hacer negocios con La Habana puede costar la licencia y el cierre. Ahora, esa advertencia se convirtió en realidad.
Desde el exilio, la medida ha sido leída como una respuesta concreta a años de reclamos. Fernández ha insistido en que no permitirá que empresas radicadas en Miami-Dade se lucren “a costa del dolor del pueblo cubano”, una frase que conecta con el sentir de una comunidad cansada de ver cómo algunos hacen dinero mientras en la Isla falta de todo.
