La Aduana General de la República confirmó que a partir de enero de 2026 entrarán en vigor nuevas normas para la entrada de productos a Cuba, poniendo fin al llamado régimen excepcional que, de manera temporal y forzada por la crisis, había flexibilizado las importaciones por pasajeros y envíos.
En lenguaje claro, el anuncio significa menos facilidades para los cubanos y más control estatal, justo cuando la población depende cada vez más de lo que llega desde el exterior para poder comer, asearse o medicarse. La medida fue presentada como un simple “reordenamiento técnico”, pero en la práctica marca otro retroceso para las familias que sobreviven gracias a las maletas y los paquetes.
Según explicó la Aduana, el tratamiento de las importaciones variará según la vía de entrada. El equipaje no acompañado quedará limitado a un valor máximo de 500 dólares o su equivalente en moneda nacional, con un tope de 50 kilogramos, manteniéndose la exención de impuestos solo dentro de ese margen. En el caso de los envíos aéreos, marítimos o postales, el límite baja considerablemente, hasta 200 dólares o 20 kilogramos, aplicándose el conocido cálculo peso-valor, donde cada kilo cuenta como 10 dólares, una fórmula que siempre termina jugando en contra del destinatario.
Aunque se mantiene una franja exenta en los envíos, equivalente a los primeros 30 dólares o hasta 3 kilogramos, cualquier exceso activa automáticamente el cobro de aranceles. Un sistema diseñado para recaudar, no para aliviar, especialmente en un país donde el Estado no garantiza ni lo básico.
La Aduana insistió en mantener una de sus exigencias más engorrosas: alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos médicos deberán seguir viajando en bultos separados para poder acogerse a las exenciones. En los envíos, cualquier artículo “extra” basta para invalidar el beneficio completo, dejando al paquete a merced del régimen general y de los pagos impuestos por el Estado.
Una de las pocas concesiones reconocidas está relacionada con el colapso del sistema eléctrico. Hasta enero de 2026 se permitirá la importación no comercial de plantas eléctricas, tanto por pasajeros como por envíos, dentro de los límites técnicos. Una admisión implícita del fracaso energético del régimen, que ahora depende de generadores privados para tapar su propia incapacidad.
También se mantendrá vigente, hasta el 31 de enero de 2026, la autorización para importar alimentos, productos de higiene, medicamentos e insumos médicos por equipaje acompañado, sin límite de valor y sin pago de impuestos. Es, en la práctica, la vía más “generosa”, aunque sigue siendo un parche frente a una crisis que el Estado no resuelve.
La Aduana advirtió además sobre supuestos usos “indebidos” con fines comerciales y anunció un endurecimiento de los controles. Traducido al cubano de a pie: más inspecciones, más decomisos y más discrecionalidad, mientras el mercado informal sigue creciendo porque es el único que responde a la escasez.
Si no se extiende el régimen excepcional, a partir de febrero de 2026 el equipaje quedará sometido a reglas aún más estrictas, con impactos directos en cantidades permitidas, valores declarables y pagos arancelarios. Otro golpe más para una población que ya vive asfixiada.
