En el reparto Micro 7, en Santiago de Cuba, conseguir una balita de gas se ha convertido en una prueba de resistencia. Vecinos del distrito José Martí denuncian irregularidades, corrupción y trato desigual en el punto de gas No. 66, donde la escasez transforma una necesidad básica en un foco permanente de tensión y conflictos.
La denuncia fue expuesta por residentes de la zona y difundida este viernes por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien recogió el malestar provocado por la mínima cantidad de balitas asignadas a un barrio densamente poblado y golpeado por la crisis. La gente no protesta por gusto: protesta porque no puede cocinar.
Según los testimonios, la escasez se agrava por una gestión desordenada y prácticas abusivas en la organización de las colas. No es solo que falte gas, es que el poco que llega se reparte mal y con favoritismos, como si se tratara de un botín y no de un servicio esencial.
Los residentes señalan directamente a directivos del gobierno local y a dirigentes del barrio, a quienes acusan de beneficiar a amistades, manipular listados y permitir la reventa de turnos. Mientras algunos vecinos madrugan, pasan la noche en vela y aguantan días enteros esperando, otros llegan, saludan y se van con la balita bajo el brazo.
La desigualdad en el acceso es lo que más indigna. Para las familias del Micro 7, el gas no es un lujo ni un capricho, es la única manera de preparar alimentos en medio de apagones interminables. Por eso consideran una burla que su distribución esté marcada por el amiguismo, el dinero por debajo de la mesa y la complicidad de quienes deberían velar por el orden.
Los denunciantes exigen que la situación del punto de gas sea investigada y que se imponga un control real, no discursos vacíos. Aseguran que el problema no se limita a la cantidad de balitas, sino a un sistema diseñado para permitir abusos constantes, siempre contra los mismos: los que no tienen contactos ni padrinos.
Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios de ciudadanos de otras zonas de Santiago de Cuba y de diferentes provincias coincidieron en que lo que ocurre en el Micro 7 no es una excepción, sino la regla. En muchos puntos de gas se repiten las colas eternas, la venta ilegal de turnos y la exclusión de ancianos, enfermos y personas vulnerables.
Varios usuarios calificaron el sistema de distribución como una auténtica mafia, donde manda el dinero y las conexiones, mientras la mayoría sobrevive entre apagones, hambre y frustración. El gas, como casi todo en Cuba, dejó de ser un derecho y se convirtió en un negocio.
Mientras tanto, desde los estudios de la televisión estatal, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, promete que el próximo año comenzará con un “nivel superior” de producción de gas y generación eléctrica. Palabras que en la calle ya nadie se toma en serio.
Cuba enfrenta una crisis profunda en el suministro de gas licuado, con interrupciones prolongadas y una distribución limitada que depende de la llegada puntual de barcos. Las provincias viven en una incertidumbre constante y las medidas restrictivas solo han servido para administrar la escasez, no para resolverla.
