Las familias damnificadas en Guantánamo que están recibiendo viviendas construidas a partir de contenedores no están siendo beneficiadas con donaciones, como muchos pensaban. Al contrario: deberán pagar por ellas, y no poco. El precio será incluso superior a la tasación bancaria de una vivienda convencional, según reconoció el propio periódico oficialista Venceremos.
El esquema es claro en el papel y turbio en la práctica. El Estado asume la urbanización y algunos gastos asociados, pero el beneficiario debe pagar el valor completo del contenedor, “según el presupuesto aprobado”. El monto estimado ronda los 900 mil pesos cubanos por unidad, aunque el costo final todavía “se ajusta”. Cómo se pagará, en cuántos años y bajo qué condiciones, es algo que —según la versión oficial— se decidirá después, en conversaciones con el sistema bancario. O sea: primero te dan la casa, después te dicen cómo la debes.
Desde el propio medio estatal se aclara que no se trata de donaciones, sino de “viviendas estatales con financiamiento público”. Traducido al cubano de a pie: el dinero sale del bolsillo del damnificado, aunque haya perdido todo en un huracán.
Una solución que cuesta décadas de salario
El debate estalló cuando la internauta Yulieta Hernández Díaz puso los números sobre la mesa. Con un salario medio mensual de poco más de 6.600 pesos, pagar una vivienda de 900 mil CUP se vuelve una misión casi de ciencia ficción. Si alguien destinara todo su salario al pago, tardaría más de once años en saldar la deuda. Con la mitad del salario, más de veinte. Con un tercio, casi cuarenta años. Toda una vida pagando un contenedor.
La comparación es aún más sangrante cuando se contrasta con la tasación oficial de las viviendas convencionales. Según las propias resoluciones del Estado, una casa de mampostería con cubierta pesada tiene un valor promedio de 225 mil pesos. Es decir, cuatro veces menos que una vivienda hecha con un contenedor reciclado.
No es un problema individual, como bien se ha señalado. Es el reflejo de una economía donde los precios de lo básico están completamente divorciados de los ingresos reales, y donde la “ayuda” estatal termina convertida en deuda eterna.
Cómo son las casas y a quiénes van dirigidas
Las llamadas viviendas contenedor se construyen a partir de estructuras metálicas de 12 metros de largo, con un área útil de unos 29 metros cuadrados, pensadas para familias de hasta cuatro personas. Incluyen dos habitaciones, baño interior, cocina, sala-comedor y ventilación natural. Para mitigar el calor —inevitable en una caja de metal— se promete aislamiento interior y un techo independiente que genere una cámara de aire.
El proyecto forma parte del plan estatal de inversiones de la vivienda y está destinado a familias con derrumbe total, principalmente tras el paso de los huracanes Óscar y Melissa y las lluvias intensas de septiembre. En total, se ejecutan 70 viviendas en San Antonio del Sur, Guantánamo e Imías, ubicadas en asentamientos nuevos con servicios básicos.
El mobiliario no está incluido de forma automática. Solo en casos considerados de “vulnerabilidad social” el Estado podría asumir ese gasto, previa evaluación.
¿Solución o parche caro?
El programa se presenta como una respuesta innovadora, reutilizando contenedores empleados para importar paneles solares. Pero en la práctica deja una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿cómo puede llamarse solución a una vivienda que un damnificado tardará décadas en pagar?
En un país donde perder la casa por un ciclón ya es una tragedia, convertir la reconstrucción en una carga financiera casi impagable no parece precisamente una victoria social. Parece, más bien, otro parche caro en una crisis que el discurso oficial insiste en maquillar, mientras la cuenta siempre termina en manos del mismo: el ciudadano.
