El líder opositor cubano José Daniel Ferrer volvió a exponer el rostro más crudo del sistema penitenciario del régimen. En un video difundido en redes sociales, denunció un nuevo episodio de abuso de poder en la Prisión de Canaletas, en Ciego de Ávila, protagonizado por un alto oficial del Ministerio del Interior.
Ferrer identificó al responsable como el teniente coronel Orlando Fernández Fernández, conocido como Landy, segundo jefe del penal. Según el opositor, el oficial se negó de manera arbitraria a permitir la entrada de jabas con alimentos que varias mujeres —familiares de presos— habían llevado para sus seres queridos.
Las imágenes son claras y difíciles de justificar. En el video se escucha al militar dirigirse a las mujeres con un tono abiertamente intimidante:
“Yo quisiera que ustedes no hagan difícil esto… les estoy diciendo que no las van a pasar. No quiero hacer esto difícil, porque llamo a un patrullero y que se arreglen con ustedes aquí. Tampoco quiero enrarecer la situación de sus familiares dentro”.
Traducido al lenguaje real: obedecen o pagan las consecuencias… y no ustedes, sino los presos.
El episodio no es una excepción. Es la norma. En las cárceles cubanas, los familiares —especialmente mujeres— son sometidos de manera sistemática a maltrato psicológico, chantaje y humillación, tanto si los reclusos son presos comunes como si son prisioneros políticos.
Ferrer responsabilizó directamente al régimen de Miguel Díaz-Canel, al que acusa de permitir y sostener este clima de impunidad. Según el líder de la UNPACU, la corrupción dentro del sistema penitenciario es estructural y los altos oficiales disfrutan de privilegios que contrastan brutalmente con la miseria en la que sobreviven los reclusos.
Aunque afirmó que aún no dispone de información concreta sobre negocios ilícitos vinculados a Fernández Fernández, Ferrer dejó claro que no sería una excepción. Tráfico de influencias, acceso a drogas, extorsiones y otros delitos forman parte del ecosistema carcelario cubano, donde el uniforme funciona como patente de corso.
La denuncia ha provocado una oleada de indignación entre activistas y familiares de presos políticos, que alertan sobre un endurecimiento de la represión dentro de las cárceles, mientras el régimen continúa negando, con cinismo burocrático, cualquier violación de derechos humanos.
En Cuba, las prisiones no buscan reinsertar ni impartir justicia. Buscan quebrar, castigar y sembrar miedo, incluso fuera de los muros. Y cada video que sale a la luz confirma que el verdadero crimen no está tras las rejas, sino dirigiéndolas.
