La ofensiva migratoria de ICE volvió a dejar huellas esta semana y, otra vez, los cubanos aparecen en la lista. Tres ciudadanos de la Isla figuran entre los más de mil inmigrantes indocumentados arrestados durante una operación nacional que tuvo como blanco principal a personas con antecedentes penales.
La acción, bautizada como Operación Honor del Ángel, se extendió por 14 días en distintos estados del país y concluyó con un saldo de 1,030 detenidos, según cifras oficiales. Entre ellos, al menos tres cubanos cuyos casos fueron utilizados por el gobierno federal como ejemplo del tipo de inmigrantes que buscan sacar de circulación de manera definitiva.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta operación no fue improvisada ni simbólica. Al contrario, se trató de un despliegue coordinado para localizar y arrestar a inmigrantes indocumentados con historiales criminales considerados graves bajo la nueva legislación migratoria.
Uno de los casos que más llamó la atención es el de Sergio Luis Hernández González, un cubano con un prontuario que parece no tener fin. Según los reportes oficiales, acumula 17 cargos por hurto, además de dos acusaciones por robo, venta de cocaína, resistencia a la autoridad, robo de vehículo, fraude y otros delitos contra la propiedad.
El segundo detenido es Avelino Lage-Caro, también cubano, condenado por posesión y venta de cocaína, a lo que se suman cargos relacionados con armas de fuego y una acusación adicional por hurto. Un historial que, según ICE, encaja perfectamente dentro del perfil prioritario de la operación.
El tercer caso es quizás el más grave. Yorisane Lazo, de origen cubano, fue condenada por homicidio intencional con arma, además de robo y asalto callejero con violencia. Su inclusión en la Operación Honor del Ángel refuerza el mensaje del DHS: los delitos violentos están en el centro de esta ofensiva.
Durante estas dos semanas, ICE concentró sus esfuerzos en personas con antecedentes que encajan dentro de los delitos contemplados en la Ley Laken Riley, una normativa que marca un antes y un después en la política migratoria actual.
Esta ley, la primera firmada por Donald Trump en su actual mandato, obliga a la detención federal de inmigrantes indocumentados acusados de delitos como robo, allanamiento, agresiones a agentes del orden y cualquier crimen que provoque lesiones graves o la muerte.
La legislación lleva el nombre de Laken Riley, una joven estudiante de enfermería asesinada en Georgia por un inmigrante venezolano vinculado a la banda criminal Tren de Aragua. El caso generó una fuerte conmoción nacional, sobre todo porque el agresor había sido arrestado y liberado en varias ocasiones antes de cometer el crimen.
“En honor a Laken Riley, ICE lanzó esta operación que en solo dos semanas ha permitido arrestar a más de 1,000 inmigrantes ilegales delincuentes”, declaró en redes sociales la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Noem fue más allá y aseguró que la administración Trump les ha dado luz verde para arrestar y expulsar a inmigrantes ilegales con historiales criminales, señalando directamente a las políticas migratorias de la administración anterior.
Según datos oficiales del DHS, más de 17,500 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales han sido arrestados bajo esta ley desde que Trump y Noem asumieron la dirección de la política migratoria.
Las autoridades federales adelantaron que los operativos continuarán en todo el país y que la Ley Laken Riley seguirá siendo uno de los pilares del control migratorio en los próximos meses.
En este contexto, los casos de los tres cubanos detenidos por ICE funcionan como una advertencia clara: la ofensiva no se detiene y, todo indica, apenas está comenzando.
