Miguel Díaz-Canel reconoció lo evidente: Cuba se está quedando sin jóvenes y sin profesionales calificados. Durante la última reunión del Consejo de Ministros de 2025, el mandatario admitió que el país necesita atraer a más jóvenes a la Educación Superior mediante “incentivos y flexibilizaciones”, presionado por el envejecimiento acelerado de la población y el desplome demográfico.
El problema, claro, no es nuevo. Tampoco es un misterio. Los jóvenes no abandonan la universidad por capricho, sino porque estudiar en Cuba ya no garantiza ni futuro, ni salario, ni condiciones mínimas de vida. Pero ahora el Gobierno parece sorprendido por las consecuencias de su propio modelo.
Según el reporte oficial, se aprobaron los planes de continuidad de estudios desde noveno grado, preuniversitario y otras vías “priorizadas”. El discurso insiste en que habrá opciones para todos, más alternativas, más flexibilidad. Mucha planificación… y poca conexión con la realidad económica.
Díaz-Canel habló de la necesidad de crear una “masa fuerte de fuerza de trabajo calificada”. La frase suena ambiciosa, pero choca con un país donde un universitario gana menos que un revendedor informal, donde un técnico se va del aula directo al aeropuerto, y donde un título sirve más para emigrar que para prosperar dentro de la Isla.
El presidente propuso estudiar incentivos desde las universidades para motivar a los estudiantes de preuniversitario. El detalle incómodo es que el mayor incentivo hoy es irse de Cuba, no quedarse. Ninguna flexibilización académica compite con un salario que no alcanza ni para sobrevivir.
También se refirió a los técnicos medios y superiores, sugiriendo facilitar su acceso a estudios universitarios por encuentros u otras modalidades. Una idea lógica, pero incompleta. ¿De qué sirve graduarse si el mercado laboral está destruido y el salario es simbólico?
Díaz-Canel mencionó a los jóvenes que no han podido acceder a la universidad por razones económicas, y habló de ofrecerles facilidades. Sin embargo, evitó mencionar la raíz del problema: una economía colapsada, salarios pulverizados y un sistema que empuja a los jóvenes a resolver, no a estudiar.
Todo esto ocurre en medio de una policrisis marcada por inflación, apagones, caída del PIB y un éxodo juvenil sin precedentes. Miles de graduados universitarios han abandonado el país o se han desvinculado de sus profesiones porque trabajar en Cuba ya no es sinónimo de dignidad.
Los números del ingreso a la Educación Superior lo confirman. De más de 22 mil aspirantes, apenas poco más de la mitad logró aprobar los exámenes. Matemática volvió a hundirse, reflejo de un sistema educativo golpeado por la precariedad, la desmotivación y la falta de recursos. Que el Gobierno lo venda como “ligera mejoría” es casi un chiste de mal gusto.
Mientras tanto, muchas plazas universitarias se asignan sin exámenes, por vías alternativas, no por excelencia sino por necesidad. No porque sobren talentos, sino porque faltan estudiantes.
El problema no es cómo atraer a los jóvenes a la universidad. El problema es cómo convencerlos de que quedarse en Cuba vale la pena. Y mientras eso no cambie, ningún incentivo académico podrá competir con un pasaje de salida.
