En una maniobra relámpago que huele más a control de daños que a legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, completamente alineado con el chavismo, ordenó de madrugada que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Todo ocurrió mientras Caracas y varias regiones del país aún temblaban por la operación militar que sacudió al régimen desde sus cimientos.
El máximo tribunal justificó la jugada apelando al artículo 335 de la Constitución, una carta comodín que el chavismo saca cada vez que la realidad se le va de las manos. Según el TSJ, la prioridad es garantizar la “continuidad del Estado”, aunque para ello haya que forzar interpretaciones legales como plastilina caliente.
La magistrada Tania D’Amelio, vocera del fallo, explicó que el tribunal declaró una “ausencia forzosa del presidente”, una figura que no aparece tal cual en la Constitución, pero que mágicamente sirve para transferir el poder sin consultar a nadie. En consecuencia, Delcy Rodríguez quedó autorizada para ejercer todas las funciones presidenciales, al menos hasta nuevo aviso.
El argumento oficial fue que se trata de una situación excepcional, provocada por un hecho de fuerza mayor. Traducido al lenguaje real: Maduro cayó, el sistema entró en pánico y el TSJ salió a apagar el fuego como sabe, blindando al chavismo.
Mientras los magistrados debatían puertas adentro cómo salvar el tinglado, Estados Unidos ejecutaba bombardeos sobre Caracas, La Guaira y Aragua, golpeando instalaciones militares clave como Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota. El operativo terminó con la captura de Maduro y Cilia Flores, trasladados a Nueva York, un final que hace años parecía impensable y que hoy sacude a toda la región.
Desde Mar-a-Lago, Donald Trump no se anduvo con rodeos. Aseguró que Estados Unidos controlará Venezuela hasta que exista una transición democrática real, dejando claro que el nuevo gobierno estará bajo supervisión directa. Según el mandatario, el objetivo es garantizar una salida ordenada del chavismo y evitar que el país siga en caída libre.
Trump fue más allá y afirmó que los recursos energéticos venezolanos, especialmente el petróleo, serán administrados temporalmente por EE. UU. para beneficiar al pueblo y compensar las expropiaciones del pasado. Una declaración explosiva que confirma que Venezuela dejó de ser solo una crisis política para convertirse en un tablero geopolítico de alto voltaje.
En medio de este terremoto, Delcy Rodríguez, una de las figuras más duras y cuestionadas del chavismo, se sienta en la silla presidencial. No por voto popular, no por consenso nacional, sino por un decreto judicial fabricado a la medida del poder. Su llegada no representa una ruptura, sino un reciclaje del mismo modelo que hundió al país.
Las Fuerzas Armadas del régimen no tardaron en cerrar filas. En un comunicado leído por Vladimir Padrino López, respaldaron el nombramiento y anunciaron el “completo apresto operacional” en todo el territorio nacional. Más músculo militar, más discurso antiimperial y cero autocrítica por el desastre acumulado durante años.
Padrino habló de “secuestro cobarde” y de agresión extranjera, mientras evitó mencionar lo esencial: el chavismo perdió el control del país mucho antes de que llegaran los aviones. Hoy las Fuerzas Armadas lucen divididas, el poder fracturado y la narrativa oficial cada vez más desconectada de la realidad.
Delcy Rodríguez asume así en un escenario marcado por la tensión militar, protestas dispersas y una incertidumbre total. El chavismo intenta sobrevivir cambiando la cara, pero no el sistema. Y mientras el TSJ actúa como escudo político, Venezuela sigue esperando algo que nunca llegó bajo este régimen: verdad, democracia y futuro.
