Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen este lunes ante un tribunal federal de Manhattan rodeados de agentes estadounidenses y bajo una atención mediática sin precedentes. Horas antes de la audiencia inicial, ambos movieron ficha: contrataron abogados de alto calibre, dejando claro que lo que viene no es un simple trámite judicial, sino una guerra legal y política de largo aliento.
Maduro apostó por Barry J. Pollack, un penalista veterano con 35 años de experiencia en litigios federales complejos y conocido mundialmente por haber sido el cerebro legal detrás de la defensa de Julian Assange. Pollack fue clave en el acuerdo que permitió la salida del fundador de WikiLeaks tras más de una década de encierro y batallas judiciales. Ese historial no pasa desapercibido ahora que el exmandatario venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Cilia Flores no se quedó atrás. Su defensa recaerá en Mark E. Donnelly, exfiscal federal del Distrito Sur de Texas, una de las trincheras judiciales más duras de Estados Unidos en casos de narcotráfico y crimen organizado. Donnelly conoce el sistema desde dentro, ha pasado más de veinte años negociando con fiscales federales y este lunes solicitó admisión especial para litigar en Nueva York, una señal inequívoca de que se prepara para una pelea sin concesiones.
El ambiente frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan fue eléctrico. Desde temprano, manifestantes a favor y en contra de la captura se enfrentaron verbalmente. Algunos denunciaban lo que llaman un “secuestro ilegal”; otros respaldaban la operación estadounidense que terminó con la detención de la pareja en Caracas. La escena parecía más propia de un juicio histórico que de un simple proceso penal.
Maduro fue visto aterrizando en el helipuerto del sur de Manhattan y trasladado bajo fuerte custodia al juzgado, mientras Flores permanecía detenida en el MDC de Brooklyn. Ambos, por primera vez en décadas, enfrentan a la justicia lejos del control absoluto que ejercían en Venezuela.
La acusación es demoledora. Según la fiscalía, Maduro y Flores forman parte de una red de seis imputados que durante 25 años conspiraron con estructuras del narcotráfico internacional. El chavista ha negado reiteradamente los cargos, pero ahora se enfrenta al momento más frágil de su carrera política, ante un sistema judicial que no entiende de discursos revolucionarios ni de soberanías épicas, sino de pruebas, testigos y sentencias.
El caso ha provocado una sacudida regional. Donald Trump, tras confirmar la captura, afirmó que Estados Unidos “gobernará” Venezuela por un período indefinido, palabras que encendieron alarmas incluso dentro del propio establishment estadounidense.
En Caracas, el Tribunal Supremo reaccionó calificando la captura como un “secuestro” y juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, prometiendo resistencia frente a lo que denomina una agresión extranjera. Pero mientras el chavismo grita consignas desde lejos, la realidad es otra: Maduro ya no habla desde un balcón, sino desde el banquillo de los acusados en Nueva York. Y ahí, el micrófono lo tiene la fiscalía.
