A partir del 21 de enero de 2026, los ciudadanos cubanos enfrentarán un nuevo y durísimo obstáculo para viajar legalmente a Estados Unidos. Quienes soliciten visas de no inmigrante deberán depositar una fianza de hasta 15.000 dólares, una cifra impensable para la mayoría de las familias en la isla, ahogadas por salarios de miseria y una inflación fuera de control.
La medida, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, afecta directamente a las visas B1 y B2, utilizadas para viajes de negocios y turismo. En la práctica, convierte el simple acto de solicitar una visa en un privilegio reservado para unos pocos, dejando fuera a miles de cubanos que apenas sobreviven bajo el peso del desastre económico provocado por el régimen.
Cuba pasa a integrar un grupo de 38 países sometidos a estas restricciones, como parte del endurecimiento migratorio impulsado por la administración Trump. En la lista también aparecen Venezuela y varias naciones del Caribe, África y Asia, regiones marcadas por crisis políticas, economías colapsadas y gobiernos incapaces de ofrecer oportunidades reales a su población.
El monto de la fianza oscilará entre 5.000 y 15.000 dólares, y será definido durante la entrevista consular. Aunque el pago no garantiza la aprobación de la visa, el dinero será devuelto si la solicitud es rechazada o si el viajero cumple estrictamente las condiciones del visado, incluyendo regresar a su país dentro del plazo establecido.
Pero aquí no hay margen para errores. Si el solicitante se queda más tiempo del permitido o incumple cualquier condición, la fianza se pierde. Como si fuera poco, también se exigirá que la entrada y salida de Estados Unidos se realice únicamente por aeropuertos internacionales específicos, como JFK en Nueva York, Washington Dulles o Boston Logan. Saltarse esa regla puede significar problemas migratorios inmediatos y, por supuesto, decirle adiós al dinero.
Desde Washington defienden la medida como un mecanismo para evitar que visitantes de estos países se queden ilegalmente en territorio estadounidense. Según las autoridades, la fianza funcionaría como una garantía económica para asegurar el cumplimiento de las normas migratorias y reforzar el control fronterizo.
Sin embargo, para los cubanos el mensaje es otro. El castigo no va dirigido a los responsables del desastre, sino a las víctimas. En un país donde el salario mensual apenas alcanza para comer unos días, exigir miles de dólares para solicitar una visa equivale a cerrar la puerta de salida de manera indirecta.
Una vez más, el régimen cubano queda al margen de las consecuencias, mientras el ciudadano común paga el precio de décadas de mala gestión, aislamiento y represión. Viajar legalmente, visitar a la familia o asistir a una reunión de trabajo se convierte así en un sueño cada vez más lejano, atrapado entre la ruina interna y las barreras externas.
