El primer ministro Manuel Marrero volvió a sacar del clóset una de las frases favoritas del régimen: Cuba vive en una “economía de guerra”. Lo dijo este viernes durante una sesión extraordinaria del Consejo Provincial de La Habana, dejando claro que, una vez más, el peso del desastre económico cae sobre los hombros de la gente común.
Según Marrero, lo que el país logre sostener o desarrollar en 2026 dependerá del esfuerzo individual y colectivo. Traducido al cubano de a pie: apriétense más el cinturón, porque el Estado no puede —o no quiere— garantizar casi nada.
Desde la televisión oficial se presentó la implementación del Programa de Gobierno para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía” como la brújula de la gestión territorial. Un discurso reciclado que lleva años repitiéndose mientras la aguja sigue apuntando al mismo lugar: escasez, inflación y colapso productivo.
Marrero insistió en que los resultados deben notarse en la vida cotidiana de la población, una promesa que ya suena gastada para millones de cubanos que sobreviven entre apagones, mercados vacíos y salarios pulverizados. Mientras el Gobierno habla de indicadores y programas, la realidad sigue golpeando sin anestesia.
El jefe de Gobierno volvió a remarcar que, bajo estas condiciones, Cuba no puede depender de factores externos y debe producir y sostenerse con recursos propios. Un argumento que ignora convenientemente décadas de dependencia estructural creada por el propio modelo que hoy gobierna el país.
También habló de fortalecer el vínculo con la población y de un supuesto “gobierno en la calle”, orientando y explicando decisiones para transmitir confianza. En la práctica, ese contacto suele traducirse en discursos, consignas y reuniones, pero sin soluciones concretas ni alivio real.
Durante el encuentro, la gobernadora de La Habana, Janette Hernández Pérez, enumeró prioridades como aprovechar reservas internas, incrementar producciones, recuperar capacidades instaladas y diversificar exportaciones. Marrero respaldó ese enfoque y volvió a cargar sobre los municipios la responsabilidad de generar alimentos e ingresos, en un contexto donde faltan insumos, combustible y autonomía real.
El primer ministro defendió además la aplicación obligatoria de la ciencia y la reducción del burocratismo, otro mantra que choca de frente con la maquinaria estatal sobredimensionada e ineficiente que asfixia cualquier iniciativa productiva.
La llamada “batalla económica”, según Marrero, sigue siendo la tarea fundamental del país, con el bienestar de la población como objetivo final. Una meta que el régimen menciona mucho, pero que cada día parece más lejana.
Desde hace años, Marrero viene etiquetando la crisis como “economía de guerra”, un concepto útil para justificar más austeridad, más control y más planificación centralizada, mientras la crisis estructural se profundiza sin soluciones reales. En la Asamblea Nacional y en reuniones del Partido ha repetido el mismo libreto, señalando al embargo y a la falta de divisas como causas externas, aunque admite —a medias— que los resultados no han servido para corregir las distorsiones más profundas.
A ese panorama se suma ahora un factor explosivo. La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense ha puesto en jaque uno de los pocos salvavidas energéticos que le quedaban a La Habana: el petróleo venezolano.
Con los envíos de crudo bajo control estadounidense y la posibilidad real de que se corten por completo, Cuba se asoma a un colapso energético mayor, con apagones más largos, producción aún más limitada y un deterioro económico que ya no se puede maquillar con consignas ni llamados al sacrificio.
